La activista por los derechos humanos Piedad Córdoba aseguró este jueves a teleSUR que el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, que decretó como ilegales las supuestas pruebas y documentos obtenidos del computador del asesinado líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, restituyó la confianza en el sistema judicial de ese país suramericano.
En una entrevista exclusiva, Córdoba manifestó que la Corte Suprema de Justicia representa “una de las más importantes ramas judiciales del país”, y agregó que el hecho de que fuera éste el ente que demostrara un asunto “tan trascendental como la ilegalidad de las pruebas extraídas de esos computadores”, es algo realmente significativo.
En este sentido, explicó que la importancia del acontecimiento es que “queda claro que las estrategias para la aniquilación de quienes pensaban distinto (o tenían pensamientos progresistas diferente a los de derecha) fueron muchísimas por parte del Gobierno”.
Asimismo, insistió en que el fallo reveló una secuencia de montajes cuyo fin era desprestigiar su imagen y que la satisfacción es que “están demostrándose” las patrañas.
La líder humanitaria también ratificó que ante el veredicto de la justicia colombiana lo que seguirá haciendo es “trabajar por la restitución de sus derechos políticos”, con lo que hizo referencia a su cargo de Senadora, que perdió el año pasado al ser inhabilitada por 18 años por la Procuraduría General de ese país, que le prohibió ejercer cualquier cargo público.
En este punto, Córdoba anunció que para la tarde de este jueves, tenía pautada una audiencia de conciliación con el procurador general, Alejandro Ordóñez, pero fue imposible llevarla a cabo debido a que la autoridad no se presentó.
“El Procurador no asistió, así que fracasó el intento de conciliación (…) De todas formas yo seguiré trabajando y esta denuncia ya se llevará ante el Consejo de Estado para la restitución a mi cargo y para ejercer mis derechos políticos, que en este momento están suspendidos por 18 años”, aseguró.
Amenaza colectiva
Por otro lado, Córdoba también aprovechó la oportunidad para adelantar proyectos que efectuará en cuanto al tema de las persecuciones telefónicas del que fue víctima, que ella denuncia están dirigidos por el ex presidente de ese país, Álvaro Uribe, y que incluyó participación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de algunos cuerpos policiales.
La Corte Suprema de Justicia ya había archivado los procesos previos que, por “Farcpolítica”, enfrentaban también los dirigentes del Polo Gloria Inés Ramírez y Jorge Enrique Robledo, además del liberal Luis Fernando Velasco.
Los archivos electrónicos supuestamente encontrados en los computadores de Reyes también fueron utilizados para la destitución e inhabilidad que por 18 años dictaron en contra de la ex senadora Piedad Córdoba.
Según la Procuraduría General colombiana que destituyó a Piedad Córdoba de su cargo como senadora en septiembre de 2010, la defensora de los DD.HH. «colaboró y promovió a las FARC durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 20 de noviembre de 2007, así como en momentos anteriores y posteriores a los años 2007, 2008 y 2010».
Piedad Córdoba «instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países. Así mismo, efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo», dijo la Procuraduría.
Córdoba es integrante del grupo Colombianos y Colombianas por La Paz, que ha impulsado la propuesta del intercambio humanitario con las FARC como primer paso para establecer un diálogo y una salida pacífica que ponga fin al conflicto armado que vive la nación suramericana desde hace casi medio siglo.
Asimismo, ha sido mediadora de las misiones para llevar a cabo las liberaciones unilaterales de varios retenidos a través del diálogo y bajo la autorización del Gobierno colombiano desde 2008.
La activista colombiana ha defendido intensamente un acuerdo humanitario entre las FARC y el Estado, razón por la cual ha sido acusada de tener relaciones con el grupo rebelde.