La Corte Suprema (CS) de Pakistán concluyó este jueves que el primer ministro Yousuf Raza Gilani cometió desacato al no iniciar una acción contra el presidente por presunta corrupción y lo citó a declarar el lunes 13.
Un banco de siete miembros del Tribunal Supremo encabezado por el juez Nasir-ul-Mulk encontró que había lugar para proceder contra el jefe de gobierno, señaló aquí la televisora privada Geo News.
«Después de la audiencia preliminar, estamos convencidos de que el caso puede seguir adelante«, señaló Ul-Mulk. El primer ministro está obligado a presentarse», recalcó.
Sin embargo, uno de los abogados de Gilani, Aitzaz Ahsan, dijo a medios de prensa locales que el gobierno puede presentar una apelación.
El pasado 19 de enero, cuando fue convocado por la corte por el mismo caso, el primer ministro invocó la inmunidad del presidente Asif Ali Zardari para rechazar la acusación de desacato.
«Tengo el convencimiento de que como presidente cuenta con absoluta inmunidad dentro y fuera del país», dijo al explicar ante la CS porque no ha cumplido sus órdenes de pedir a Suiza reabrir una investigación sobre supuestas cuentas ilegales de Zardari en aquel país.
Coincidiendo con él por estos días un fiscal suizo apuntó que sería «imposible» reabrir el caso en tanto se trata de un jefe de Estado.
El reclamo del supremo se funda en la condena en ausencia que en el 2003 impuso un tribunal suizo a Zardari y su difunta esposa, la ex primera ministra Benazir Bhutto, por lavado de dinero. La suma depositada ilegalmente por la pareja en ese país se estima entre 12 o 13 millones de dólares.
En el 2007, una controvertida amnistía decretada por el entonces presidente Pervez Musharraf libró del asunto a Zardari, Bhutto y otros ocho mil políticos de alto perfil, en una maniobra de fines electorales.
Pero en el 2009, poco después de la salida de Musharraf del poder y ya Zardari en su puesto, la Corte Suprema declaró inconstitucional la amnistía. Casi desde entonces está pidiéndole a Gilani tramitar con las autoridades suizas la reapertura de la investigación contra el actual presidente. Según expertos, si el primer ministro es encontrado culpable del delito de desacato podría ser inhabilitado para ocupar cargos públicos y cumplir prisión por hasta seis meses.