Equipo Editorial Defensa Pública|La cultura especulativa y usurera (Opinión)

Según el diccionario de la lengua española, la especulación se define como una “operación comercial que se practica con mercancías, valores o efectos públicos, con ánimo de obtener lucro”. Es posible que al revisar esta concepción no se advierta inconveniente alguno; el problema surge cuando la especulación se combina con la usura, entendida esta como una “ganancia, fruto, utilidad o aumento que se saca de algo, en forma excesiva”.

En artículos anteriores hemos hablado suficientemente de una guerra económica bien planificada y orquestada que se fundamenta en el enorme control que sobre los factores de producción y distribución aun concentran grandes empresas capitalistas claramente alineadas con grupos políticos de derecha bajo la tutela internacional de Estados Unidos.

Pero es que la situación se agudiza si tomamos en cuenta que el comercio en Venezuela está acostumbrado a una cultura especulativa y usurera desde hace varias décadas, que contribuye drásticamente con la inflación inducida, lo que indefectiblemente se traduce en precios que la mayoría de las veces no están relacionado racionalmente con el costo real de los productos.

Se trata de una versión de la mal llamada “viveza criolla”, es decir, una cultura individualista en la cual cada comerciante hace sus cálculos de lo que le importa y de cómo puede sacar el máximo provecho a los demás o de los acontecimientos.

Al respecto, el Gobierno Nacional ha implementado una serie de medidas para atacar el problema, siendo la creación de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) una de las mas importantes, aunque no suficiente.

Resulta indispensable ejecutar políticas que ataquen directamente esa forma de comportamiento de nuestros comerciantes, para quienes durante muchos años, la especulación y usura, constituyen prácticas comerciales casi “normales”. Ello implica la práctica de campañas de concientización, pero indudablemente la imposición correcta y efectiva de las sanciones establecidas en la legislación, es el mejor mecanismo de erradicación de esta conducta, por mas enquistada que parezca.

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