Pertenecen a la séptima cohorte|Defensora del Pueblo entregó certificados a 614 graduandos de la Escuela de DDHH

La Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, hizo entrega este sábado de los certificados a las 614 graduandas y graduandos de la séptima cohorte que cursó, entre marzo y julio del presente año, los distintos diplomas que imparte la Escuela de Derechos Humanos de la Fundación Juan Vives Suriá, adscrita a la Defensoría del Pueblo.

Ramírez aseguró que la formación en derechos humanos es el fruto de un gran esfuerzo de seis años, tiempo que lleva creada la Escuela de Derechos Humanos. Señaló que la Defensoría del Pueblo seguirá desplegada en todo el país formando y promoviendo los DDHH como parte de sus atribuciones constitucionales.

La Defensora del Pueblo además resaltó que personas formadas en la Escuela de Derechos Humanos han salido a multiplicar los conocimientos adquiridos en materia de niñez, mujer, discapacidad, sexodiversidad e indígena en sus comunidades y localidades. “Mientras más avancemos en la formación y promoción de los derechos humanos tendremos una población más consciente”, dijo.

Considera que los derechos humanos se han sensibilizado en el pueblo, por tanto, indicó Ramírez que “hoy podemos decir que la Defensoría del Pueblo, a través de su Escuela de Derechos Humanos ha roto el paradigma de que este tema es solo discusión de académicos, expertos y dignatarios internacionales, nosotros hemos llevado este conocimiento al pueblo a la comunidad”.

Refirió que organismos internacionales han avalado los avances que en materia de DDHH tiene Venezuela y mencionó el abatimiento del hambre, la erradicación del analfabetismo, la reducción significativa de la pobreza extrema, la aducción directa al agua potable y la inclusión de miles de personas a la educación universitaria con la apertura de nuevos espacios formativos, siendo la Escuela de DDHH una pequeña expresión de esa política pública, dijo.

El acto, realizado en las instalaciones del Teatro Aquiles Nazoa en Caracas, se llevó a cabo en el marco del sexto aniversario de la Fundación Juan Vives Suriá que hasta la presente fecha ha graduado a través de la Escuela a 52.710 personas en distintos programas formativos con duración de ocho a ciento sesenta horas académicas.

En el evento se hizo entrega de los certificados a los graduandos de diez diplomas: Derechos Humanos, Derechos Humanos para el Poder Popular, Derechos Humanos para la Articulación con el Poder Popular, Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, Derechos Humanos Laborales, Responsabilidad Penal Adolescente, Derechos Humanos de las Mujeres y Equidad de Género y Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes con Necesidades Especiales, Discapacidad o Diversidad Funcional.

DETENIDOS POR ACTOS VIOLENTOS

Al ser consultada sobre las supuestas condiciones de aislamiento del estudiante Marco Coello, detenido por estar presuntamente implicado en los actos violentos a inicios del presente año, Ramírez informó que se reunió personalmente con sus familiares para mediar y dar recomendaciones, en particular, sobre su estado de salud.

En cuanto al dirigente político de Voluntad Popular, Leopoldo López, dijo que la Defensoría del Pueblo mantiene constante vigilancia sobre sus condiciones de seguridad dentro de Ramo Verde, pues a su juicio, “se trata de una persona con mucha penetración en los medios y por supuesto existe preocupación de que su seguridad sea totalmente resguardada”.

Ramírez expresó que entre los poderes públicos de administración de justicia se viene debatiendo sobre cómo preservar los derechos y las garantías de las condiciones de reclusión y de seguridad que debe tener López, así como la seguridad para su familia.

En referencia a Iván Simonovis, detenido por los hechos de abril del 2002, indicó que la institución defensorial hace seguimiento constante a su estado de salud. Sin embargo, aclaró que la Defensoría del Pueblo no forma parte del proceso penal, solo emite opiniones y recomendaciones. En todo caso, dijo, que sobre él existe una condena firme y le correspondería al juez de la causa otorgar medida humanitaria.

T / Prensa Defensoría del Pueblo