La Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, en un comunicado oficial, rechazó “los infundados e irresponsables pronunciamientos del Gobierno de la República de Colombia y del Defensor del Pueblo de ese hermano país, relacionados con la supuesta vulneración de derechos humanos de veinte ciudadanos y ciudadanas colombianos detenidos recientemente por las autoridades venezolanas”.
Las autoridades colombianas ignoran la realidad, agrega el texto, “cuando sostienen que la detención de estos ciudadanos y ciudadanas se produjo por realizar actividades turísticas o en razón de su nacionalidad”. De acuerdo con la información manejada por la Defensoría, “12 de estos ciudadanos fueron detenidos el 19 de marzo de 2010 en la población de Río Chico, estado Miranda, en posesión de un importante número de armas de guerra plenamente operativas, entre las que destacan: una sub ametralladora, un fusil de asalto calibre 5.65 mm (con 650 municiones); cuatro escopetas calibre 12 mm y un rifle calibre 22 mm”.
La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, recordó que ocho de estos ciudadanos colombianos “también fueron detenidos en los estados Aragua y Barinas el 25 y 28 de marzo, respectivamente, teniendo en su poder diversos elementos de convicción, como múltiples fotografías de torres y subestaciones eléctricas, puentes, depósitos de combustibles, así como identificaciones militares de ese país, los cuales hacen presumir la comisión del delito de espionaje”.
También, la Defensoría ratifica su disposición, “como Institución Nacional de Derechos Humanos”, a brindar toda la información necesaria “a cualquier país que lo requiera, con el propósito de contribuir a esclarecer todo tipo actuación que incida sobre las áreas de nuestra competencia”.
Garantizan buen trato
“Como Institución Nacional de Derechos Humanos, hemos constatado el pleno respeto de los derechos y garantías que les asisten a este grupo de ciudadanos y ciudadanas que se encuentran detenidos en nuestro país, por la presunta comisión de diversos delitos previstos y sancionados en el ordenamiento jurídico interno”, destaca la Defensoría.
“Las entrevistas rendidas por estos ciudadanos y ciudadanas a los funcionarios de nuestra Institución, en las que admitieron el absoluto respeto a sus derechos, son muestra innegable del apego del Estado venezolano a las normas nacionales e internacionales que resultan aplicables, especialmente la referida a la notificación consular prevista en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”.
Las Defensorías del Pueblo, añade, “tenemos bajo nuestra responsabilidad la magistratura de la persuasión y nuestra labor debe perseguir los valores de la paz y la concordia, así como el establecimiento de los principios de colaboración que deben presidir las actuaciones de los Defensores del Pueblo del continente, aspectos desdeñados por nuestro homólogo colombiano”.
Venezuela, recordó el comunicado, “al haber entregado, tiempo atrás, a varios adolescentes detenidos en nuestro territorio junto con un importante número de presuntos paramilitares, es pionera a escala mundial en la aplicación del Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño sobre Participación de Niños en Conflictos Armados”. Esto constituye “una evidencia más de nuestro compromiso con los derechos humanos de todos y todas”.
Por último, la Defensoría manifestó su preocupación “por la banalización del discurso de derechos humanos con fines tendenciosos, ánimos de distracción, así como el ejercicio de denuncias temerarias ante instancias internacionales con propósitos insospechados”.
En respuesta, adelantó Ramírez, “hemos elaborado un Informe Defensorial exhaustivo que revela el apego del Estado venezolano a la normativa nacional e internacional de derechos humanos en la aplicación de los procedimientos penales”, con el fin “de remitirlo a las instancias internacionales encargadas de velar por el respeto de los derechos humanos”.
Uribe cuestionó las pruebas de espionaje
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, exigió que se le respete “la presunción de inocencia y los derechos humanos” a los ocho colombianos arrestados en Venezuela bajo acusación de espionaje. Afirmó que “hasta el momento la única prueba que se conoce, en contra de los ciudadanos colombianos, es que estaban tomando fotos”
Luego, preguntó: «¿Qué tal que se me ocurra a mí que las fotos que me toman con mis compatriotas, es espionaje?», aludiendo al hecho de que a los arrestados se les confiscaron fotografías de infraestructuras eléctricas, puentes y autopistas de varios Estados venezolanos, que podrían ser objetivos de sabotaje.
Admitió que dos de los detenidos trabajaron para un dispensario de salud del Ejército; uno, como médico, y una mujer como farmacéutica,
Córdoba: ciencia ficción
Por su parte, la senadora colombiana Piedad Córdoba, mediadora con las FARC para la liberación de secuestrados, comparó la relación entre esta organización y la banda terrorista ETA con una película de “ciencia ficción o una telenovela, y no tienen una base real.”.
La senadora, que se encuentra en Europa buscando apoyo para conseguir un intercambio de rehenes, reclamó a España que conozca el estado de los derechos humanos en Colombia y que “no se centre únicamente en las relaciones comerciales y de negocios”.