Senadores demócratas estadounidenses demandaron al presidente Barack Obama que adopte las medidas legales necesarias para evitar el cese de pagos del Gobierno si el Congreso fracasa en incrementar el límite de la deuda pública.
El líder de la mayoría en la cámara alta, Harry M. Reid, solicitó al mandatario que obviara la aprobación del Capitolio si fuera necesario si los legisladores no logran en febrero incrementar el techo de 16,4 billones de dólares del débito gubernamental.
En la misiva conjunta con Reid, los senadores demócratas Richard J. Durbin, Charles E. Schumer y Patty Murray, llaman al jefe de la Casa Blanca a tomar todas las provisiones que estime convenientes para evitar el cierre de las instituciones públicas por falta de financiamiento.
Los republicanos insisten que no incrementarán la autoridad del Gobierno federal para pedir nuevos préstamos si no se realizan profundas reducciones presupuestarias a programas sociales, y rechazan la idea de una posible acción unilateral por parte del Ejecutivo.
El congresista republicano por Ohio y presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que los estadounidenses no tolerarán la elevación del límite de la deuda pública sin que se realicen fuertes recortes al gasto gubernamental.
Obama ha insistido en que no hará concesiones en cuanto a las reducciones de egresos financieros a cambio de que la oposición le facilite el aumento del techo del débito público, lo que deja a ambas partes sin una estrategia clara en lo que al parecer será una lucha difícil y prolongada, señala hoy el diario The Washington Post.
Una opción que algunos congresistas demócratas señalan como posible sería que Obama invoque la décimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que establece como innecesaria la acción del Capitolio para incrementar el límite de la deuda pública del país, aunque el mandatario ha rechazado esa idea anteriormente.
La líder de la minoría en la Cámara de Representantes, dijo la semana pasada que es partidaria de que la Casa Blanca invoque esa provisión de la Carta Magna con el fin de incrementar la capacidad del Gobierno para solicitar nuevos créditos.