Los expertos internacionales que investigan junto a la Fiscalía mexicana el caso de los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Guerrero (sur) de México, denunciaron el domingo obstáculos en su trabajo que ponen en riego el acceso a la verdad y la atribución de responsabilidades sobre este caso.
Aseguran que hubo filtración de declaraciones de algunos detenidos clave «que no responden a la verdad o han sufrido alteraciones con la aparente intención de alentar versiones que no se sustentan», y la apertura de nuevos expedientes con información sacada de la investigación central, con lo que los expertos ven bloqueado su acceso a esas nuevas averiguaciones.
Los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, fueron blanco de ataques por parte de Iguala, municipio en el estado Guerrero la noche del 26 de septiembre de 2014, que cobraron la vida de seis personas y la desaparición de estos jóvenes, cuyo paradero se desconoce.
En su primer informe, los expertos de septiembre de 2015 rechazaron la versión de la Procuraduría que alegaba que los 43 jóvenes habían sido quemados por miembros del crimen organizado en un basurero de la localidad de Cocula y denunciaron obstrucción a la justicia por parte de algunas autoridades.
«Hay que buscar otro hipótesis en el caso de los 43 estudiantes», dicen expertos argentinos
Tras esto, manifestaron preocupación por el hallazgo de unos restos óseos que no han sido procesados, y que no se sabe si pertenecen o no a los estudiantes desaparecidos; aunque se llegó a ellos gracias a declaraciones de los familiares de los 43 y estaban en un lugar llamado La Carnicería.
«Este hallazgo desapareció de la investigación central, que es a la que tienen acceso los expertos, para ir a otro expediente, al que no tienen acceso», explicó la colombiana Angela Buitrago.
«Cualquier información relevante que no se allegue a la investigación de los desaparecidos genera pérdida de información fundamental para la elaboración del contexto y para la determinación de responsabilidades», agregó la experta.
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También denuncian que la nueva versión gubernamental ahora se contradice, pues alegan que un grupo de 17 estudiantes —ya no todos— fueron quemados en el basurero, y ello no tiene sustento.
En ese sentido, advirtieron que la investigación puede fracasar después de que la justicia mexicana amparó a 22 policías por falta de pruebas, pese a que hay 50 quejas de los inculpados, incluidas denuncias por tortura, pendientes de resolución.
«Hay una campaña de acoso contra parte de sus miembros, de reconocido prestigio internacional, cuyo único objetivo es crear confusión y cerrar el espacio para la búsqueda de la verdad» como parte de los «mecanismos de impunidad que existen en el país», indicó el médico español Carlos Beristain.
La Fiscalía niega que se esté «fragmentando la investigación», y reiteró la disposición de aclarar las filtraciones de información porque el caso sigue abierto. La Comisión Interamericana espera que la instancia despeje sus dudas y atienda sus quejas, mientras que el grupo prepara su informe final para presentarlo en abril.