El lunes 27 de octubre, al menos 18 allanamientos fueron ejecutados de manera simultánea por la Policía Nacional en distintas regiones de Panamá, según denunció el Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs). Las acciones, dirigidas contra dirigentes del sindicato y sus familiares, se saldaron con la detención de cuatro integrantes de su Dirección Nacional.
Se traducen estos hechos como una forma de persecución política, articulada desde la Fiscalía, con respaldo del Ejecutivo. El operativo coincide con la creciente participación del Suntracs y del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) en manifestaciones recientes contra una reforma al sistema de pensiones y un acuerdo de seguridad suscrito con Estados Unidos, considerado lesivo a la soberanía del país.
Entre los detenidos se encuentra Abdiel Betancourt, integrante de la junta directiva del Suntracs. También se reportó que familiares directos de otros líderes sindicales fueron objeto de operativos. Es el caso de la hija y la esposa de Jaime Caballero, actualmente recluido en la cárcel de La Joya, y de la hija de Saúl Méndez, exsecretario general del sindicato, quien permanece en el exilio tras recibir amenazas.
Desde los sindicatos se advierte que estas acciones no son hechos aislados, sino parte de una ofensiva política, judicial y mediática orientada a debilitar y disciplinar al movimiento sindical. Desde Frenadeso y el Movimiento Comunal Nacional Federico Britton sostienen que se trata de una estrategia sistemática que combina represión de clase con prácticas misóginas y autoritarias.
En ese contexto, el Suntracs responsabilizó directamente al presidente José Raúl Mulino, al ministro de Seguridad Frank Ábrego, al procurador general Javier Caraballo y a la Fiscalía, por lo que calificó como una violación sistemática de derechos humanos.
Los colectivos denunciantes también han hecho un llamado a la comunidad internacional, particularmente a los organismos de DD.HH., para que se pronuncien ante lo que consideran una escalada represiva contra el movimiento obrero organizado.
Finalmente, las organizaciones exigen la liberación inmediata de los detenidos, el cese de los operativos y garantías efectivas de no repetición, en medio de un clima de creciente tensión entre el Gobierno panameño y los sectores populares movilizados.