El parlamentario chileno de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gonzalo Arenas, denunció el abandono que existe en La Araucanía (centro) por representar para el Gobierno de Chile un elevado «costo político y electoral». Destaca que existe una percepción equivocada sobre el «tema mapuche».
Arenas, quien representa la zona desde 2006, destaca que existe una percepción equivocada sobre los mapuche, pues muchos limitan la solución a la superación de las malas condiciones económicas. «El problema de los mapuches es la pobreza, dicen. Entonces, los sacamos de la pobreza y se van a olvidar de que son mapuches, y todos felices y contentos y es lo mejor que les puede pasar a ellos… Pero el problema es más complejo que eso» afirma.
«Es más que un asunto de pobreza o un asunto social. Hay un tema de orgullo y de reivindicación étnica y cultural, que implica soluciones y derechos políticos» que ningún gobierno en Chile han querido otorgar.
Según Arenas, «hace ya un tiempo que todos los políticos que han estado en el gobierno, tanto de oposición como de la Alianza, visualizan cuáles son las soluciones de fondo», pero estas soluciones tienen un «costo político y financiero gigantesco, y en las lógicas del poder no se condicen con las rentabilidades políticas o electorales que pudiesen tener esas medidas».
«El costo es altísimo y los beneficios casi nulos, entonces, se dice: mejor no nos metamos. Y esta lógica es la que han seguido todos los sectores», señaló el diputado de la UDI en una entrevista para el diario chileno La Tercera, publicada este martes.
Tras los últimos hechos de violencia ocurridos en La Araucanía, Arenas apuntó que entre menos las autoridades conozcan los problemas de la región «más drásticos son en las soluciones, más blanco y negro es el tema. Todos los parlamentarios en Santiago son los primeros que dicen: Estado de Sitio, Estado de Emergencia, ley Antiterrorista, acá hay malos y buenos (…) No tienen idea de lo que dicen».
En esta línea, el parlamentario aseguró que «la violencia va a seguir e, incluso, va a recrudecer. Lo claro es que un Gobierno con visión de futuro tiene que seguir una línea independientemente de los ‘torpedazos’ que le peguen por atentados, porque eso es lo que buscan los atentados, que las autoridades entren en pánico, para que las autoridades hagan el mismo juego que los violentistas, y que respondan con más violencia».
Consideró que «los sistemas de inteligencia policial no tienen ninguna capacidad de prever alguna acción de violencia, de detectar los focos o de perseguir a los responsables».
«Eso ha sido un fracaso gigantesco. Le puedo decir que los funcionarios municipales, los concejales de los municipios de las comunas pequeñas que están ahí, saben más que Carabineros sobre quiénes son los responsables o cuándo va a haber un ataque”, enfatizó.
Este lunes, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, remarcó el respaldo de La Moneda (sede de Gobierno) a la aplicación de la ley Antiterrorista en la región de la Araucanía, en el contexto del crimen contra el matrimonio Luchsinger-Mackay.
«Nosotros, fuertemente, estamos convencidos que tiene que haber un antes y un después y en eso vamos a trabajar como gobierno. Eso significa: reforzar las tareas de inteligencia y protección», dijo Larroulet.
El pueblo mapuche, comunidad étnica que habita en La Araucanía «es pacífico y estoy convencido que puede haber un antes y un después. Nosotros estamos acá en presencia de un grupo terrorista y necesitamos que la sociedad chilena los aísle y los condene. Quiero valorar la declaración de Camilo Escalona, en esta dirección: hay que aislarlos políticamente», aseveró.
«Vamos a hacer todo lo que sea necesario para, definitivamente, aplicar el Estado de Derecho con este grupo de terroristas», agregó.
En La Araucanía, a 670 kilómetros al sur de Santiago (capital), desde la década de 1990 el denominado conflicto mapuche enfrenta a la principal etnia del país con agricultores y empresarios por la propiedad de tierras que consideran ancestrales.
La ley Antiterrorista ha sido rechazada ampliamente por la comunidad mapuche que habita en la zona, por ser segregacionista. La normativa fue creada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) para juzgar y castigar delitos considerados políticos, pero los originarios han criticado su aplicación porque la consideran discriminatoria con su etnia.