El presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), diputado Elvis Amoroso, descartó este martes que el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de Richard Mardo sea considerada una retaliación política tal y como afirman sectores de la oposición venezolana.
“La Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia y la Comisión de la Asamblea Nacional determinaron que hay una irregularidad, y para eso se le allana la inmunidad parlamentaria para que él pueda someterse a esa investigación que está realizando la administración de la justicia en nuestro país”, manifestó Amoroso durante el programa Contragolpe que transmite Venezolana de Televisión.
Recordó que durante los gobiernos de la Cuarta República, también se realizaron procesos de inmunidad parlamentaria por diversos delitos y casos irregulares a diputados, ministros y magistrados.
“Tenemos el caso de allanamiento a la inmunidad de Carlos Andrés Pérez, Alejandro Izaguirre, quien era ministro y senador de la República para ese momento, Reinaldo Figueredo Planchar, diputado y ministro para ese momento, Wilmer Azuaje, Jaime Lusinchi, Eloy Torres y los magistrados Franklin Arrieche, Eladio Aponte y Velázquez Alvaray”, detalló.
Indicó que eran personas de diversas tendencias políticas que “se equivocaron” y se les aplicaron las sanciones establecidas en la Constitución Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional, según el caso.
“Nosotros no designamos un magistrado para que cometa irregularidades, lo designamos en la AN para que administre justicia y si se equivocó hay que aplicarle la sanción”, precisó el parlamentario.
Señaló que durante el golpe de Estado al presidente Hugo Chávez, el 11 de abril de 2002, se cometió unas de las más grandes arbitrariedades del derecho constitucional y del parlamentario al disolver la Asamblea Nacional (antiguo Congreso) y eliminar de los cargos a diputados principales y suplentes.
“No hubo ningún tipo de procedimiento ni respeto al debido proceso que establece la Constitución y leyes venezolanas, sencillamente se destituyeron de acuerdo al decreto de Carmona”, recalcó.
GARANTÍA AL DEBIDO PROCESO
Manifestó que al diputado opositor Richard Mardo se le garantizó el debido proceso como lo establece el artículo 200 de la Carta Magna, donde será juzgado e investigado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Si en un supuesto que la investigación demostrara que es inocente Mardo se podrá incorporar nuevamente al parlamento nacional, por ahora su curul será asumido por el suplente, concluyó Amoroso.