Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional un crimen de lesa humanidad es, entre otros, cualquier acto inhumano que causa graves sufrimientos o atenta contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Como parte de los crímenes, los de lesa humanidad son más que un simple delito. Son los más detestables de entre ellos y la comisión de cualquiera de estos contra una o más personas se entiende que lastiman la esencia misma de la humanidad.
Por su crueldad, por su capacidad de hacer sufrir a un número indeterminado de personas, contra ellos, ni la Constitución ni el derecho internacional tienen contemplaciones.
El ecocidio fue discutido en la Cumbre de Río a los fines de ser llevado a esta categoría y consiste en el deterioro del medio ambiente y los recursos naturales.
Nos ocupa de entre ellos, aquel que, de manera organizada se está llevando a cabo en Venezuela. Es decir, el bombardeo de los cielos con gases tóxicos, la tala indiscriminada de árboles en varias ciudades, el incendio provocado en el Waraira Repano y el intento de contaminar los embalses merideños.
Todos estos actos tienen consecuencias ambientales. Pues nadie se libra del horror de ciudades sin verdor o la imagen del pulmón chamuscado pero también y sin distingo alguno todos tienen consecuencias de salud pública: alergias, problemas estomacales, respiratorios, cefaleas… Por ende, quienes intentaron esa acción sobrepasaron la dimensión ordinaria de los delitos.
Este es un problema tan vital para el derecho actual que cada vez son más los tribunales nacionales y las legislaciones que protegen como parte de lo humano, lo natural.
Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que los derechos humanos tienen una “dimensión medioambiental” entendiendo que el saneamiento del agua importa en el derecho a la vida, que la libertad de ser requiere un lugar donde vivir. Hoy en día, la Policía Internacional (Interpol) tiene una brigada especializada y se celebran continuamente reuniones globales.
Por ello en la actualidad la relación de cada individuo con la naturaleza tiene un elemento de derecho: todas las personas tienen derecho a un ambiente sano; y, otro de deber: la contaminación de cualquier superficie, ambiente y aguas, está prohibida por lo que es castigada por el derecho interno e internacional.
Por eso tenemos una Ley Penal del Ambiente como apéndice de la Ley Orgánica del Ambiente y también se consideran acciones terroristas –en los términos y el contenido de la ley- todas aquellas acciones que buscan degradar o destruir el ecosistema.
@anicrisbracho