Ecuador puso el lunes en vigencia una reforma a la Ley de Hidrocarburos que permitirá al Estado acelerar la negociación de los nuevos contratos con las firmas privadas que operan en el país, dijo el ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glas.
El objetivo del Gobierno es cerrar negociaciones con las firmas privadas que operan en el país para cambiar su contrato a uno de prestación de servicios, en el que Estado reciba la totalidad de la producción del crudo de los campos.
«Esta ley está en vigencia porque el petróleo es nuestro y con esta reforma legal es más nuestro que nunca», dijo el ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glas.
Con estas reformas, el Gobierno tiene la posibilidad de liquidar los contratos y pagar un precio justo a las firmas que no alcancen un acuerdo con el Estado ecuatoriano.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró el fin de semana que se aplicaría una nacionalización a las petroleras que no alcancen acuerdos.
Ecuado produce unos 472.000 barriles diarios de crudo. “La totalidad de la producción petrolera será propiedad del Estado», declaró el ministro de Recursos Naturales, Wilson Pástor, y subrayó que su país recibe sólo un promedio de 20% de la producción ante los contratos de participación con varias transnacionales.
Ecuador se quedará con toda la producción luego de que reformas petroleras propuestas por el gobierno se conviertan automáticamente en ley al no ser tratadas en segundo y definitivo debate por la Asamblea Legislativa en el plazo que concluyó hacia la medianoche del domingo.
Entretanto, el secretario (ministro) jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo que las reformas entrarán en vigencia una vez que sean publicadas en el Registro Oficial este martes.
Pástor señaló a su vez que los cambios forzarán a las petroleras extranjeras a firmar el nuevo contrato de prestación de servicios, mediante el cual el Estado pagará costos de producción y un margen de utilidad para asumir todo el crudo extraído.
Añadió que las compañías tendrán 120 días para suscribir el nuevo acuerdo o caso contrario sus pozos serán revertidos al Estado, el cual reconocerá sus inversiones.
«Si es que esta cosa no sucede, procederemos como dice la ley de hidrocarburos a negociar un precio que en muchos casos ya está establecido en las renegociaciones anteriores y se les pagará el justo precio», añadió el funcionario, precisando que ello significa liquidar los contratos.