La decisión confirma el fallo de una instancia menor, según la cual, los estados de Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo no pueden presentar tal demanda debido a que la zona afectada es propiedad del Gobierno mexicano.
El Gobierno federal de México introdujo un recurso similar en 2013, que avanza por el sistema judicial.
La demanda presentada por los estados mexicanos exige pagos por daños sufridos a raíz del derrame petrolero, afirmando que los estados sufrieron pérdidas financieras, una caída del turismo y la contaminación de sus costas.
Los tres estados mexicanos entablaron su demanda original en el norteamericano estado de Texas en septiembre de 2010 y se consolidó en una demanda en el estado de Louisiana, donde pedían compensación económica por el derrame de petróleo causado por el accidente de la «Deepwater Horizon».
Las empresas acusadas en la demanda incluyeron a BP, como propietaria y operadora; Transocean, como dueña de la plataforma; Halliburton, como contratista del cemento; Andrako, como copropietaria, y Cameron, fabricante del sistema de prevención de accidentes.
Los tres estados mexicanos argumentaron que dejaron de recibir impuestos y tarifas debido a la reducción de la actividad pesquera en el golfo de México, así como una baja en la actividad turística y un incremento en los servicios públicos. Las empresas fueron por ello acusadas de «negligencia significativa» en la conducción de sus actividades de exploración petrolera.
La demanda surgió después de que BP financiara un fondo de indemnizaciones de 20.000 millones de dólares, pero no incluyó a entidades extranjeras. En septiembre de 2013, una corte de distrito falló a favor de los demandados bajo el argumento legal de que los tres estados mexicanos carecían de un «interés suficiente» en el caso de contaminación petrolera.