Venezuela está ganada para reducir la criminalidad apegada a la Constitución, sostiene|Elsie Rosales: “No se le puede achacar a la pobreza la violencia delictiva”

Soluciones mágicas para el problema de la violencia criminal no existen, pero sí puede haber un clima favorable para afrontarlo, y ese ambiente propicio es el que observa en Venezuela Elsie Rosales, investigadora en criminología y sistemas penales. “Un fenómeno complejo amerita comprensiones complejas”, es una de las ideas que subraya Rosales, doctora en ciencias políticas (mención derecho), al ser entrevistada por el Correo del Orinoco.

Jubilada de la Universidad Central de Venezuela, Rosales ejerce ahora la labor docente entre Estados Unidos y Canadá. Pero el cordón umbilical del amor y el compromiso con Venezuela la mantienen conectada, no solo con los diagnósticos, sino con las soluciones, y así lo reflejó durante esta conversación, conversación efectuada el pasado martes en Caracas poco antes de que la fiscal general, Luis Ortega Díaz, presentara su memoria y cuenta correspondiente al año 2013.

Rosales, luego de compartir un extenso análisis, propone “desandar las dinámicas perversas del sistema penal”, elaborar un Código Penal que sea coherente con la Constitución y hacer un nuevo Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para “volver a modelo acusatorio corrigiendo los elementos de Estado policial que lo han desvirtuado, porque tenemos ahora un sistema más anacrónico que el del secreto sumarial”. Incluye, también, la modificación de la política antidrogas, para ir “hacia los responsables del ilícito negocio y no hacia las poblaciones vulnerables”.

ATACAR LAS CAUSAS

Rosales convoca a desandar algunas leyes y a atacar, más que las consecuencias, las causas de la criminalidad. Con su visión crítica, sentencia que por cada bolívar que se invierte en prevención se habrá ahorrado tiempo y dinero que se destina a la represión. Una de las normas que habría que rehacer, acota, es la política antidrogas, que no ha variado desde 1984 y que a su juicio es el elemento “que más violencia delictiva ha generado” y que lleva “a la multiplicación geométrica de la violencia”. También, el Código Penal y el COPP, que -de acuerdo con su análisis- han llenado las cárceles.

Pero por encima de los señalamientos, la docente asegura que en este momento “Venezuela está ganada para construir un consenso para abordar una reducción de la violencia delictiva de una forma constitucional, basada en evidencias, de una forma inteligente”. Este es, a su juicio, “el camino que tenemos que transitar en lo inmediato”.

La docente considera que el país no está en el debate entre el garantismo y los abusos, sino “en el punto de la represión arbitraria, del punitivismo al extremo”. Y precisa que hay tanto punitivismo y encarcelamiento arbitrario, que la tasa de población tras las rejas es elevada. Pone el foco también en la situación de los calabozos policiales, donde el promedio de estancia puede ser “desde un día hasta un año”. Y se pregunta: “¿Están allí los delincuentes con los cuales no podríamos lidiar y por lo cual los tenemos encarcelados? Te respondo científicamente: No. El 70%, si no más, son procesados, lo cual no nos dice con certeza si son delincuentes. Adicionalmente 20% lo está por drogas, y no precisamente por ser narcos de la droga”.

En consecuencia, “este monstruo de mil cabezas que es el sistema penal en todas partes del mundo, que se reproduce en Venezuela de una forma bastante errática, desarrolla unos procesos de criminalización que no persiguen lo prioritario, que no encarcelan a los más delincuentes, que son altamente selectivos, que criminalizan según la vulnerabilidad social”. Con la suma de todos los elementos “vas a tener una maquinaria de maltrato que tiene mucho que ver con la violencia delictiva, porque lo que supuestamente se usa para corregir o controlar el fenómeno de la violencia lo que hace es inyectarle mayor violencia”.

Por ello, insiste, “la primera gran regla es desandar” y tomar la decisión de “transformación de estas tendencias”, que debe ser una decisión concertada de todo el Estado.

COMPRENDER EL FENÓMENO

Al inicio de su exposición, remarca que hay que “comprender verdaderamente el fenómeno de violencia delictiva que estamos padeciendo”, con una tasa de homicidios que, desde los años 80 del siglo XX, ha ido en aumento.

En el mundo “ha venido aumentando la violencia mortal” a lo largo de cinco siglos, describe. Esto coincide con “la evolución y desarrollo del capitalismo”, cita, y añade que se trata de entender el modelo civilizatorio del planeta para comprender lo que sucede.

A principios del siglo XX “el planeta no era capaz de producir riqueza suficiente para que todos pudiéramos satisfacer todas nuestras necesidades; el capitalismo, de alguna manera, es el modelo que permite que esa riqueza se produzca”, pero al cierre del mismo siglo este sistema “muestra su incapacidad para una distribución justa de la riqueza y un aumento de la brecha entre pobres y ricos”, evalúa.

La tasa media mundial, en cuanto a los homicidios, es de 9 por cada 100 mil habitantes, lo que Rosales define como “un dato duro” que recoge, además, lo más importante, que es el daño a la vida humana. Trae a colación un estudio realizado por el especialista Elías Carranza para el Instituto para la Prevención del Delito de Naciones Unidas, en el que se compara la tasa de homicidios con la riqueza de los países. Carranza “llega a la conclusión de que, sin que sea el único indicador que determina”, la tasa de homicidios “muestra tendencias diversas entre los países más ricos y los países menos ricos”. En el conjunto de los países más ricos Estados Unidos es una excepción, porque su tasa de homicidios es de 4 a 6 por 100 mil habitantes, cifra que está por debajo de la media mundial pero que es alta para el grupo de naciones en el que se encuentra.

Es América del Sur el subcontinente con mayor violencia delictiva, reporta Rosales, y apunta que la explicación se encuentra en factores como la urbanización acelerada. “No se le puede achacar a la pobreza la violencia delictiva”, puntualiza. “Nosotros tenemos una realidad de un mundo con una amplia población pobre que, con tremenda dignidad, va adelante en el trabajo y esa pobreza no es la que expresa en lo absoluto la violencia delictiva”, puntualiza.

La desigualdad y no la pobreza sí es una de las causas, además de esa urbanización acelerada y “las debilidades del Estado de Derecho”.

La docente advierte que la deuda social de Venezuela “y la necesidad de superar las dificultades de acceso a los derechos es un desafío que se viene viviendo y que continúa”. La política social ha permitido que el país mejore, con la garantía del derecho a la educación y a la alimentación. No obstante, no baja la tasa de homicidios, y esa, admite Rosales, es una de las preguntas que se hacen criminólogas y criminólogos, gobernantes e investigadores.

“Para mí, el aspecto crítico es la fortaleza del Estado de Derecho, y creo que todavía no tenemos un modelo político-constitucional en proceso de aplicación lo suficientemente coherente como para aceptar y emprender un fortalecimiento del Estado de Derecho de manera coherente”, sentencia.

La investigadora lo resume en dos palabras: el maltrato. Recuerda, además, que la gente se acostumbró a tener “un compadre” para acceder a una dependencia pública; es decir, “la igualdad ante la ley fue relativizada por el compadrazgo, relativizada por la partidocracia, relativizada por los caminos verdes”, y eso “tiene una trascendencia tremenda en la forma como modulamos el comportamiento social” y “mostramos el modelo de civilización”.

De acuerdo con Rosales, la política social se ha centrado en solventar la deuda social y atender situaciones dramáticas. “La exclusión se trata de resolver”, reconoce, pero “a pesar de la política social resuelve el problema de vivienda a un ciudadano, en algunos casos esta persona no entiende el significado de ese apoyo institucional”. No quiere referirse a ningún caso particular, pero hay ejemplos de urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en los que son evidentes las dificultades “en el cumplimiento de la norma”.

Considera que hay un problema grave de lo que califica como incoherencia en el apego a la norma. Aclara que no lo plantea en términos morales, sino de política pública: “El Estado de Derecho tiene que mostrar unas leyes que se cumplan; que sean justas, proporcionales, adecuadas”.

JUICIO AL SISTEMA PENAL

El sistema penal venezolano congrega, después de la Constitución de 1999, “las peores leyes de la historia”, reprocha. Rosales pone un ejemplo quizá emblemático para quienes trabajan en el sector: el COPP, que fue “un proyecto magnífico que lo desmontaron en diversas reformas”; una de las que tuvo mayor impacto fue la del año 2001, casi recién aprobado. Con ello, “ahogamos la posibilidad de contar con un modelo acusatorio que se estaba aplicando en todo el continente”, concluye. Eso tiene que ver “con una distorsión del sistema penal que denominamos la policiación de la justicia”, que lleva a la colectividad a la interacción con la policía con lo que ello conlleva: ¿A quién detienen? A quienes tienen el “sello” -impuesto por los prejuicios- de “delincuentes”.

Además, insiste Rosales, casi todos los casos están en investigación, “y no llegamos al establecimiento de la justicia” con la debida resolución. “El problema es que se resuelva, y que se resuelva oportunamente”, porque “hay un tema capital para el mundo de los sistemas penales que son las víctimas: las víctimas no pueden estar al desamparo y la impunidad no puede ser la regla”.

La impunidad “es la regla mundial; lo que pasa es que los sistemas penales, que están en crisis en todas partes del mundo, tratan de lidiar con la impunidad haciendo cumplir razonablemente un margen tolerable. Quizá el problema de Venezuela es que ese margen se quebrantó” hasta el punto de que la gente “no confía en la justicia penal”, plantea.

OTROS ELEMENTOS

Venezuela, en los años 80, “pone todos los ingredientes para construir lo que no teníamos antes: una violencia delictiva cada vez más disparada”; entre esos ingredientes Rosales cita el Viernes Negro (con la devaluación del bolívar) y el alzamiento popular de El Caracazo, violentamente reprimido por el Estado de la época.

La investigadora contrasta cómo, hace tres décadas, “el control de drogas emergente atrapó al país”, mientras -por contraste- se desarrollaba una legislación bancaria débil para atacar el fenómeno. En esa década “se intenta descongestionar la cárcel y se otorgan 100 mil fórmulas alternativas”, mientras en los años 90 continuó el debate entre el encarcelamiento y los derechos humanos. En ese contexto “viene la década de los 90, el advenimiento de un nuevo orden constitucional para Venezuela” en 1999, que coincide con la reforma procesal, que permite descongestionar las cárceles. “¿Pero qué pasó? Empiezan a satanizar el COPP y a echarle la culpa de la violencia delictiva”, y así comenzaron las reformas del código; la primera de ellas, en el año 2000.

Además, en el año 2000 se dicta para el mundo la convención contra la delincuencia organizada y se propuso para Venezuela, que la docente no duda en calificar como la peor que puede haber en Venezuela, porque desmonta el Estado de derecho. “Un concurso de leyes malas, gana el primer puesto. Son leyes antigarantistas que sirven para violar las derechos, pero no sirven para reprimir algo que no tiene Venezuela” que es la delincuencia organizada. Indica que la nación puede tener focos de bandas, como en el área de robo de vehículos, pero no delincuencia organizada como la que hay en otros países.

RETRÓGRADA LEY ANTIDROGAS

En opinión de Rosales, la persecución antidrogas en el país “es de las más retrógradas y lesivas de los derechos humanos en el mundo. Es así desde 1984 y no ha cambiado”, y ese sería uno de los objetivos a modificar para aumentar la eficacia. La lucha antidrogas “muestra la peor cara del sistema penal”, porque es una forma de ejercer la represión que no solo lesiona los derechos humanos sino que aumenta la violencia.

La experta se refiere a investigaciones pasadas en las que participó, publicadas en 1992, las que muestran como “la legislación antidrogas había convertido la justicia penal venezolana en una maquinaria institucionalizada de violación de los derechos humanos”.

-¿Lo ve así ahorita?

-Continúa siéndolo. Es lo que quisiera que superáramos. El poder punitivo se va cambiando las máscaras, pero hay una tendencia, hay modificaciones que apuntan a que continuamos con dificultades en esta materia.

Dos de cada 10 personas encarceladas en Venezuela, en 1984, lo estaban por drogas. “Eran muchachos muy jóvenes” a quienes les encontraban la droga o se la “sembraban” y por ello lo recluían 8 años “en la escuela de la profesionalización de las cárceles venezolanas”, diagnostica. Por ello, la investigadora insiste en el problema del maltrato hacia esta población y su familia debido “a un control penal absolutamente irracional”.

¿Qué tanto ha incidido la guerra contra las drogas en la violencia criminal en la nación? La profesora no quiere aventurar dictámenes, pero recalca que los grandes capos de la droga -en su mayoría- permanecen impunes, mientras todavía 20% de las personas encarceladas lo están debido a las drogas, y son -describe- el lado más débil de la cuerda. “Pero más grave aún es el proceso de criminalización de la mujer”, porque comenzó a elevarse la tasa de encarcelamiento femenino.

Este es “un extravío del sistema penal que aumenta la arbitrariedad, aumenta el maltrato y redunda en la negación u obstaculización de los derechos y las garantías constitucionales”, cuestiona. La manera como el control lidie con el delito “dice mucho de nuestra capacidad para construir una mejor sociedad”. Para toda la sociedad tiene mucha importancia “cómo llevamos nuestro sistema penitenciario”, remarca.

EXTRAVÍOS DEL SISTEMA

Rosales también acusa a la reforma del Código Penal del año 2005, que en la práctica llevó a “llenar nuevamente las prisiones” hasta la situación actual, en la que “no sé cómo hace el ministerio penitenciario, por mayores y gigantescos esfuerzos” que emprende. En este contexto, afirma que “los esfuerzos que se hacen para tratar de resolver el problema son enormes, gigantescos y tienen resultados positivos parciales porque los asfixia la entropía de estos graves errores de los extravíos del sistema penal. Es una conspiración de las propias dinámicas del sistema penal” que impide que los avances significativos se sientan, reflexiona.

La investigadora sostiene que el impacto del cambio en el Código “está documentadito”, y reitera que con la aprobación del COPP -antes de convertirlo en un Frankenstein- se pudo llegar a una población encarcelada de 15 mil personas; pero ahora hay -según sus cálculos- unas 50 mil personas tras las rejas y otras 15 mil “rotando en comisarías”.

Entre las críticas menciona, también, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que -en su criterio- debería ser revisada en la que se dice que el delito de drogas es de lesa humanidad. “Ese es un error jurídico muy grave”, porque “el delito de drogas es un delito grave de carácter trasnacional, que es otra categoría”.

Sin embargo, Rosales mantiene el optimismo y asegura, lo que sucede en Venezuela “es relativamente fácil de resolver”; paradójicamente, y “a pesar de haber llegado a un momento espantoso de la violencia delictiva”, la docente garantiza que “las condicionantes que nosotros tenemos dan lugar” a la solución.

T/ Vanessa Davies
F/ Loel Henríquez

ES CIERTO LA POBREZA Y DELINCUENCIA NO VAN JUNTAS EL SER HUMANO NACE INOCENTE DE MENTE CORAZONY ESPIRITU. LA SOCIEDAD LO CORROMPE CUANDO LE SIEMBRA FALSOS VALORES.
EN CUALQUIER BARRIADA DE VENEZUELA HAY MILES DE JOVENES QUE NO TUVIERON NI TIENEN LA OPORTUNIDAD DE PREPARARSE PARA ENFRENTAR LA VIDA CON HONESTIDAD. SOMOS INDIFERENTES ANTE ESE DRAMA LO QUE NOS IMPORTA SON LOS BIENES MATERIALES LA RIQUEZA FACIL LA PINTA DEL CARRO ULTIMO MODELO SIN ESFUERZO ALGUNO,
POR SUPUESTO ESTO GENERA CANTERAS INAGOTABLE DE DELINCUENTE Y DESPUES NOS LAMENTAMOS DE LOS RESULTADOS.
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  • Excelente Artículo!! Muy objetivo y didactico.
    Esta Doctora podría dar un gran aporte para solucionar los problemas de seguridad en nuestro país.
    Gracias Dra.Rosales , Un abrazo

  • Si se sabe que existen estas soluciones ¿por qué no las aplican? Yo creo que las autoridades y gobierno son muy lentos en aplicar medidas con coraje, para afrontar un problema tan grave y que amerita rapidez…

  • Vale preguntar a la Sra. si se ha dado cuenta de la reforma del COPP 2012 y todas las reformas de los últimos tiempos o si está tan lejos de Venezuela que todavía vive en el pasado? Tengo la impresión que su información no está actualizada.

  • BUENO HAY QUE LLAMAR A ESTÁ DOCTORA AL EQUIPO A TRABAJAR Y A QUE DE SUS IDEAS PARA SOLUCIONAR LA VIOLENCIA