La sucursal de Sidetur en Valencia vivió este lunes una jornada de total normalidad en sus operaciones, luego del anuncio de su nacionalización, realizado por el Primer Mandatario el pasado domingo. Las trabajadoras y los trabajadores, una parte de la gerencia, representantes del Indepabis y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana sostuvieron una reunión en la que se constató la disposición de cumplir el decreto.
Sidetur se dedica al ramo siderúrgico, especialmente a la producción de cabillas, barras, vigas, mallas, ángulos de acero y hierro. Comercializa estos productos para su distribución a escala nacional e internacional. Pertenece a la filial Siderúrgica Venezolana, S.A (Sivensa).
El Gobierno Nacional garantizó, como en otros casos similares, el derecho al trabajo y la continuidad de la producción, pero ahora con un giro estratégico acorde con el Proyecto Nacional Simón Bolívar y la cimentación del nuevo sistema político, económico y social en Venezuela.
GARANTIZAR DERECHOS
Por otra parte, los afectados por las anomalías cometidas por la constructora Blancoveca en el urbanismo Lomas de La Hacienda, del municipio carabobeño San Diego, deben tener la seguridad de que la expropiación de este conjunto residencial es para garantizar sus derechos, aseguró la coordinadora del Indepabis en la entidad, Irumarú Herrera.
La funcionaria explicó que la medida anunciada por el presidente Hugo Chávez es para defender a las familias que tienen más de un año a la espera de la entrega de sus viviendas.
Herrera especificó que el urbanismo Lomas de La Hacienda no tenía el permiso del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. “La obra había sido clausurada y la empresa se negaba a seguir construyendo. También se presentaban las irregularidades de reventa de una misma vivienda y de entregas a los que más pagaban”.
Reiteró que San Diego es el municipio más afectado por los atropellos adelantados por las constructoras en la entidad. “Hemos conseguido seis urbanismos en esta situación. Seguiremos profundizando la defensa del pueblo”.
Aclaró que el Estado venezolano se encargará de concluir esta obra para entregar los inmuebles a sus verdaderas dueñas y dueños, a quienes les negaron el derecho a la propiedad durante mucho tiempo.
Sobre la medida de ocupación temporal del urbanismo Monte Mayor, construido por la firma Coyserca en San Diego, Herrera diferenció esta acción de la tomada con la constructora Blancoveca. “Una cosa es expropiación y otra es ocupación temporal. Esta ocupación es para obligar a que se entreguen las viviendas a sus dueños”, acotó.
RENOVADAS ESPERANZAS
Luego de escuchar al presidente Chávez el domingo pasado, Edy Carrero, una de las afectadas de Lomas de La Hacienda, indicó que “ahora se cumplió uno de los grandes objetivos de la lucha emprendida por el grupo de afectados por estafas”.
Agradeció al Mandatario Nacional por su interés “en derrumbar las mafias y proteger a los más débiles frente a las injusticias, independientemente de la posición política de las víctimas. Aquí no se preguntó si se es o no chavista”.
Desde hace cuatro años “mi familia está en una zona de alto riesgo en Naguanagua (Carabobo), pues pasa una quebrada por donde habitamos, y este Ayuntamiento y su alcalde, Alejandro Feo La Cruz (Proyecto Venezuela), no han hecho nada para solucionar la problemática”, contó Carrero.
“Por esa razón, la mayor parte de mis prestaciones sociales las invertí en la compra del inmueble de San Diego. Ellos (Blancoveca) nos dijeron que en un año nos entregaban la casa. Pero solamente han entregado 250 casas de las 1.750 ofrecidas”, aseveró Carrero.
Reveló que representantes de Blancoveca siempre le echaban la culpa de su retraso al Gobierno Nacional, “por lo que nos hicieron firmar otro contrato. Inicialmente el inmueble costaba 110.000 bolívares y lo subieron a 180.000 bolívares. La mayoría de las personas firmaron porque estos empresarios se aprovecharon del desespero de la gente”.
NO MÁS ATROPELLOS
Carrero acotó que muchas familias están pagando alquileres mientras esperan su casa propia. “Es lamentable esa situación, porque cada uno de nosotros ha realizado un importante esfuerzo para pagar lo que nos imponían. Incluso, un número importante de los propietarios canceló completamente la vivienda, y aún así no les entregaron nada”.
“Queremos, sin embargo, pagar lo justo y no que se nos violen nuestros derechos. Por su puesto, queremos que nos entreguen nuestras casas lo más rápido posible. Hemos sufrido un calvario y es hora de hacer justicia; la justica que el presidente Chávez ha garantizando al pueblo”, subrayó Carrero.
Maday Ortega, también del grupo de compradores de los inmuebles de San Diego, refirió que “muchos de estos empresarios pensaron que se iban a salir con la suya, pero por fin hay una fuerza soberana que le pone freno a las barbaridades cometidas en el sector inmobiliario”.
Estas acciones “permiten sentar un precedente para poner orden en este negocio que tradicionalmente obtenía sus riquezas exprimiendo a los usuarios. Los cabecillas de este negocio saben cómo jugar con el desespero y el sentimiento de las personas”, agregó Ortega.
Exhortó a la gente que todavía se encuentra acorralada por las desviaciones de las constructoras a seguir la batalla, la organización y la denuncia. “Que más nadie firme un segundo contrato. Que nadie se deje atropellar por más poderosa que sea la firma constructora”, solicitó.
“Hay que dejar el miedo. Y hay que estar claros: el único que podía llevar adelante esta medida era el Gobierno Nacional. No se puede estar tan ciego. Hago un llamado a los que todavía tienen reservas para que se sigan uniendo, pues dispersos no hacemos nada”, reflexionó Ortega.