El Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la reiteró el compromiso del Gobierno Nacional en garantizar y defender la estabilidad laboral de los venezolanos, tanto en el sector público como en el privado; disposición que está plasmada en distintos instrumentos legales de la nación. rechazó las campañas mediáticas de sectores de la derecha sobre una falsa serie de persecuciones y despedidos de trabajadores de la Administración Pública por razones políticas.
En un comunicado, la institución subraya que la campaña busca generar zozobra, intranquilidad y generar confusión en los empleados del sector público. Recordó que esta estrategia ha sido frecuente en los últimos procesos electorales, en la que representantes de la oposición denuncian «persecuciones y despidos» sin presentar alguna prueba contundente del hecho.
El Ministerio de Trabajo reiteró el compromiso del Gobierno Nacional en garantizar y defender la estabilidad laboral de los venezolanos, tanto en el sector público como en el privado; disposición que está plasmada en distintos instrumentos legales de la nación.
«Nadie puede ser despedido sin una causa que lo justifique, sin un procedimiento previo que la demuestre y, en todos los casos, con pleno derecho a la defensa», destaca el texto.
A continuación reproducimos el comunicado en su totalidad:
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
COMUNICADO PÚBLICO
Frente a la campaña mediática dirigida a crear una falsa matriz de opinión sobre supuestas persecuciones y despidos de trabajadores y trabajadoras por razón de sus preferencias políticas, el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social informa lo siguiente:
Ha sido el gobierno bolivariano del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, que ahora continúa el Presidente Nicolás Maduro, el único gobierno que ha impuesto y defendido la estabilidad laboral de todos los trabajadores y trabajadoras tanto del sector público como del sector privado. Esta garantía quedó plasmada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras; en la Ley del Estatuto de la Función Pública y en los decretos de inamovilidad laboral que en forma continua han protegido y protegen a los trabajadores y trabajadoras desde el año 2002.
Los trabajadores y trabajadoras del sector público o privado tienen garantizada su estabilidad laboral por las leyes, decretos e instituciones para su defensa. Nadie puede ser despedido sin una causa que lo justifique, sin un procedimiento previo que la demuestre y, en todos los casos, con pleno derecho a la defensa. El ejercicio de los derechos políticos, conforme a la Constitución y dentro del marco de las leyes, no es una causal de despido. En el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, no existe ninguna denuncia por persecuciones o despidos motivados en la discriminación política.
Alertamos a los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sociales que esta campaña mediática pareciera formar parte una estrategia política destinada a crear zozobra, intranquilidad y generar confusión entre los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública, y pudiera estar destinada a distraer la atención sobre los gravísimos hechos de violencia fascista que se presentaron luego del llamado al desconocimiento de los resultados electorales obtenidos el 14 de abril; hechos de violencia que tuvieron como resultado personas asesinadas, daños a instalaciones públicas vinculadas a la salud, la alimentación y la educación del pueblo, acoso a funcionarios, funcionarias públicas y sus familias, así como a nuevos urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
En campañas electorales ocurridas durante los últimos catorce años, ha resultado frecuente que representantes opositores denuncien presuntas “persecuciones y despidos”, y anuncien demandas y acusaciones que, finalmente, no se materializan por falta de fundamento.
Frente a quienes hacen llamados al odio, la violencia, la intolerancia y la ruptura de la convivencia democrática, nos corresponde, desde las instituciones públicas, promover la cultura de la paz, el respeto a los derechos humanos y la plena vigencia del Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia.
Caracas, 24 de abril de 2013.