El diputado de la Asamblea Nacional, Augusto Montiel, informó este lunes que los voceros y voceras de diferentes urbanismos acudieron a la Fiscalía General de la República, con el propósito de entregar ante esta instancia un documento que registra el respaldo “total y absoluto” a las medidas de protección aplicadas por el Gobierno Nacional a las familias venezolanas.
Acotó que miles de familias estafadas en diferentes urbanismos han recibido medidas de protección a sus ahorros, a su inversión y a su propiedad, por parte del Gobierno Nacional, del Presidente de la República, del Indepabis, del Ministerio de Comercio, de la Vicepresidencia de la República y de la Asamblea Nacional.
“Estamos aquí para asegurarnos que la Fiscalía General de la República sepa que todos los afectados han sido estafados por estos usureros que son los miembros de la Cámara de la Construcción y los miembros de la Cámara Inmobiliaria y los afiliados al Colegio de Ingenieros; que también avalan estos delitos”, dijo el parlamentario.
Detalló que en este caso de la “estafa inmobiliaria” se han detectado delitos de usura, especulación, penales, económicos, financieros, civiles entre otros ilícitos. Agregó que todas las medidas que deban ser tomadas en la Fiscalia General de la República en el país estarán apoyadas por toda la ciudadania, por voceras y voceros organizados.
Anunció que en los próximos días habrá una gran reunión nacional de voceros y voceras de todos los urbanismos afectados, y de todo aquel que haya incorporado sus denuncias al programa Fraude, Estafa y Usura, (Feus) en la Fiscalía General de la República, en la Asamblea Nacional, en la Defensoría del Pueblo, en el Indepabis y en la Vicepresidencia de la República.
“Todas (las denuncias) van a cruzarse, todas (las denuncias) van a incorporarse, eso va a realizarse en los próximos días. Haremos una convocatoria desde la Fiscalía General a todos los organismos públicos como la Superintendencia de Bancos, el Seniat, entre otras instituciones públicas», para que se sumen a la acción articulada en contra del «cartel inmobiliario», detalló.
Explicó que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), a través de la División de Delincuencia Organizada de ese organismo está realizando las investigaciones necesarias para establecer las responsabilidades.
Dijo que se trata de delincuentes que transgreden a la familia venezolana de manera sistemática, con un modus operandi que los convierte en estafadores a través de un cartel inmobiliario. Reiteró que “este cartel es defendido con una mafia que esta enquistada en instituciones como el Colegio de Ingenieros, la Cámara de la Construcción de Venezuela y la Cámara de Inmobiliaria”.
Recalcó que existe una serie de bufetes que se dedican a “esquilmar y extorsionar” a miles de familias venezolanas, y luego ese dinero es invertido en el mercado de las divisas, en paraísos fiscales ubicados en el Caribe, Panamá y Miami.
Puntualizó que “en Venezuela la propiedad de las familias las defiende precisamente la organización de la ciudadanía, conjuntamente con el Gobierno Nacional”.