Estudiantes de la Universidad de Oriente (UDO), del núcleo Sucre consignaron este lunes un documento ante la Defensoría del Pueblo, en Caracas, en protesta por la medida de expulsión tomada el 14 de junio pasado por las autoridades de esa institución.
Los expulsados son Alberto Solórzano, secretario general de la Federación de Centros Universitarios (FCU); José Zurita, secretario general adjunto de la FCU; Carlos Solórzano, secretario general del Centro Estudiantes de la escuela de Cursos Básicos; Enso Lares, secretario de Propaganda de la misma escuela; Miguel Suárez, secretario de Propaganda de la escuela de Educación; y Andrés López, comisionado de Transporte de la FCU.
«Ellos nos están expulsando porque hemos estado reclamando los recursos de nuestras universidades; hemos estado reclamando los paros que convoca la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv); contra la academia y la investigación», dijo Alberto Solórzano durante un pronunciamiento frente a la sede de la defensoría, en Plaza Morelos.
Agregó: «Reclamamos que en nuestras casas de estudio se rindan cuentas de lo que se hace con nuestro presupuesto; que el dinero que se nos ha asignado, a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu), para los comedores y transporte no se está ejecutando en el tiempo prudente sino un año después».
En el documento consignado dan detalles de la situación y las irregularidades que acompañaron el procedimiento. Explicó que de los seis representantes estudiantiles revolucionarios que forman parte del consejo recibieron información de que la agenda del 14 de junio no contemplaba un punto sobre expulsión, sino discutir la reformulación del nuevo reglamento interno electoral.
No obstante, llevaron al consejo la decisión «para distraer la atención del reclamo de la comunidad universitaria, y petitorio emanado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de rediseñar el reglamento interno electoral, para que profesores, estudiantes, egresados y trabajadores puedan elegir, en igualdad de condiciones, a sus autoridades rectorales y decanales«.
Por su parte, Julio Devia, representante estudiantil ante el Consejo Universitario de la UDO, añadió que: «Ellos no tenían manera de justificar la expulsión, que a toda vista fue exacerbada, rebuscada. Usaron una investigación con un alegato jurídico, leguleyo, que acusan a los compañeros de violentos, por hacer valer los derechos de la universidad».