Este jueves, la integrante del Movimiento por la Transformación Universitaria Marzo-28, Morella Rojas, señaló que las casas de estudio son autónomas en la medida en que le rindan cuentas claras a su país, por lo tanto, piden que se le realice una auditoría pública a la UCV para conocer el destino, por ejemplo, del dinero que cobran por la preinscripción para la presentación de las pruebas internas.
“Nos llama la atención el tema del cobro de las pruebas internas por qué no se hacen una auditoría pública para que podamos tener acceso a la información de lo que se hace con los ingresos. Además, en estos momentos esa casa de estudios cuenta con apenas 38 mil estudiantes, es decir, que tiene una clara disminución con la realidad que vive el país, entonces queremos respuestas”, enfatizó.
En cuanto a la propuesta de ingreso asistido anunciada por las autoridades ucevistas, la cual incluye un diagnóstico del panorama global de la educación en el país un curso de iniciación antes de ingresar a la universidad, Rojas se mostró en desacuerdo pues, según alegó, con este sistema se pretende aplicar otras pruebas diferentes de la que existen, lo que convierte en complejo el mecanismo de ingreso.
“Pedimos la eliminación de las pruebas internas porque son ilegales e injustas. Hay que pagar 65 bolívares para presentarlas, con esto se viola el derecho a la educación. Queremos también cuentas claras, de tal manera, que los estudiantes tengan participación activa, no sólo en conocer lo que pasa con el presupuesto, sino también queremos decidir sobre este”, manifestó.
Exhortó a los estudiantes a crear la Constituyente Universitaria tomando en cuenta las grandes problemáticas que tiene la universidad en cuanto a la mala administración del presupuesto, así como al ingreso injusto que ha sido impuesto por las autoridades rectorales.
Por otra parte, el día de ayer (miércoles) integrantes del Movimiento por la Transformación Universitaria Marzo-28 y representantes de los Comités de Bachilleres sin Cupo, entregaron a la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, un documento solicitando su intervención en la defensa del derecho a la educación como humano y fundamental, “tomando en cuenta que la Defensoría del Pueblo debe tener vinculación estrecha con esta situación, sirviendo de intermediario ante el Tribunal Supremo de Justicia”.