Nuestro Constituyente de 1999 declaró a Venezuela como una nación pluricultural y multiétnica. De esta manera, el Estado asumió la cosmovisión indígena como parte fundamental de nuestra identidad cultural. Este pronunciamiento constitucional garantiza el respeto absoluto del Estado a todos los pueblos indígenas.
Además, la Constitución de 1999 dedica uno de sus capítulos a los Derechos de los Pueblos Indígenas, reconociendo su organización social, política y económica, sus culturas, idiomas, religiones y costumbres. De gran transcendencia resulta el reconocimiento que nuestra Carta Magna hace de los derechos originarios que todos los pueblos indígenas tienen sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente han ocupado.
Darle rango constitucional a estos derechos colectivos no solo favorece a los pueblos prehispánicos sino a la sociedad en general. En otras oportunidades he sostenido que ante la severa crisis ecológica que afecta a la sociedad mundial debemos dirigir nuestras miradas hacia los pueblos indígenas, para tomar de ellos los importantes principios que rigen sus relaciones con la naturaleza.
Hoy, una de las etnias que preserva y practica con mayor integridad relaciones armónicas con la naturaleza, así como otros importantes conocimientos, es la yanomami, pueblo indígena ubicado, fundamentalmente, en el estado Amazonas. La defensa de la cultura yanomami y la de otras etnias es tarea de todos; para ello el Poder Ejecutivo creó el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Poder Legislativo dictó la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.
Es evidente la gran disposición del Estado venezolano para la defensa de los pueblos indígenas, entre ellos los yanomamis. Recientemente fue difundida una información que daba cuenta del supuesto asesinato de 80 integrantes de esa etnia. Inmediatamente, una comisión interinstitucional se trasladó hasta el Alto Orinoco sin encontrar evidencia alguna sobre esta denuncia. La consolidación de los derechos de los pueblos indígenas depende, en gran medida, de la actuación responsable que todos los sectores de la sociedad observen en las distintas circunstancias relacionadas con ellos. Crear zozobras infundadas es fomentar la vulnerabilidad de las comunidades indígenas. De allí que el Ministerio Público actuará con absoluta responsabilidad frente a cualquier situación que los pueda afectar.