-¿Se respetan en Venezuela los derechos humanos?
-Por supuesto que sí. Y más ahora, con la Revolución Bolivariana, que durante cualquier gobierno anterior.
La Constitución Bolivariana, asevera Eva Golinger, “garantiza las cinco clases de derechos humanos que son reconocidos por el derecho internacional: derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.
Realmente “hay pocos países del mundo en donde el gobierno mismo garantiza no solamente el respeto a los derechos humanos sino la implementación de los mismos. Venezuela se ha desarrollado muchísimo en este aspecto”, celebra la abogada, escritora y activista venezolano-estadounidense.
Además, “se respetan y se garantizan los derechos de opinión, expresión, asociación, protesta, crítica y participación política de una manera muy amplia y libre en Venezuela. Casi no hay límites a estos derechos en Venezuela, mientras que en otros países democráticos vemos reglas muy estrictas que limiten estos mismos derechos de expresión, asociación y participación”.
Golinger explica que muchos no saben “que los derechos humanos no solamente son derechos civiles y políticos”. Anteriormente en Venezuela “no se garantizaban los derechos económicos, culturales y sociales, aunque tal vez ‘existían’ en teoría dentro de las normas oficiales”.
A propósito del Examen Periódico Universal (EPU), algunos sectores ignoran que “los derechos civiles y políticos se negaban a una mayoría de la población, que no tenían la posibilidad de participar en la política, que tenían sus voces silenciadas y que fueron reprimidos cuando protestaban o criticaban al Estado”.
-¿Se respeta en Venezuela el derecho a la vida?
-Sí, se respeta en Venezuela el derecho a la vida. Esto no solamente significa que no hay pena de muerte como un castigo oficial dentro del sistema legal, sino que “el derecho a la vida” significa mucho más. Significa el bienestar, la salud, la alimentación, la educación, la posibilidad de crecer, desarrollarse y participar en su comunidad. Hoy en día, todas esas oportunidades existen en Venezuela para todos, no solamente para una minoría poderosa.
-¿Se ha hecho algún esfuerzo para garantizar la seguridad ciudadana?
-Aunque es uno de los temas de mayor preocupación en el país, veo que sí ha habido un avance importante en materia de la seguridad ciudadana. Hay que recordar también que la seguridad no es un asunto exclusivo del Estado; la ciudadanía tiene un gran rol que jugar para también mejorar y mantener las condiciones en el país.
Golinger acotó que hay un proceso de transformación profunda en el sector policial, que incluye la formación de nuevos cuerpos. “Se están erradicando la corrupción y la criminalidad del sistema policial, pero esto no ocurre en un día”.
La otra cosa, puntualiza, “es que la ciudadanía tiene que cooperar también con la lucha contra la corrupción; si pagan a policías o gestores para que les ayuden con algo ilegal, están contribuyendo a la inseguridad. La corrupción y la inseguridad están íntimamente conectadas. Y la lucha contra la corrupción es la responsabilidad de todos”.
ONG RESPONDEN A UNA AGENDA
-¿Los señalamientos que hacen las ONG son legítimos o responden a una campaña contra el Gobierno?
-Bueno, eso depende por supuesto de cuáles ONG. Pero en general, las ONG que tienen mayor visibilidad a escala nacional e internacional están respondiendo a una agenda y campaña contra el gobierno del presidente Chávez.
Golinger considera que hay un fenómeno en Venezuela, impulsado desde el exterior, “que es la proliferación de ONG en Venezuela que son críticas del gobierno. Desde el año 2002, se han creado cientos de nuevas ONG que supuestamente luchan por los derechos humanos en diferentes aspectos”.
Pero al examinar las evidencias, agregó, “se revela que la gran mayoría, y me atrevo a decir todas, han sido creadas con financiamiento del exterior. ONG que existían antes con credibilidad, como Provea y Cofavic, han sido influidas por intereses ajenos a los del pueblo venezolano”.
Organizaciones como Espacio Público, Ciudadanía Activa, Instituto Prensa y Sociedad, Futuro Presente, Súmate y más “son simples fachadas para la agenda contra la Revolución Bolivariana”. Incluso, sus señalamientos “forman parte de una vocería política de la oposición, disfrazada de ONG ‘independiente”.
Ninguna organización no gubernamental puede tener credibilidad en Venezuela “si acusa al Estado de violar los derechos humanos sin reconocer los grandes avances en la materia durante los últimos 10 años”.
-¿Hay ONG financiadas desde el exterior con fines de desestabilización política?
-Sí, cientos de ONG y programas de derechos humanos en Venezuela son financiados y promovidos desde el exterior para desestabilizar al país. Las evidencias son irrefutables.
En el año 2010, denuncia Golinger, más de 57 millones de dólares fueron entregados por agencias externas a ONG venezolanas.
-En este contexto, ¿se utiliza el pretexto de las violaciones de los derechos humanos como una forma de injerencia?
-Sin duda se utiliza el tema de los derechos humanos para intentar desestabilizar el Gobierno venezolano y el avance de la Revolución Bolivariana. Hay documentos del Departamento de Estado desde el año 2002 que evidencian cómo seleccionaron el tema de los derechos humanos para ir creando un expediente contra el gobierno de Hugo Chávez, a fin de denunciarlo ante instancias internacionales.
Esto, recalcó, hay que enfatizarlo: “ONG venezolanas reciben asesoría y financiamiento externo para montar expedientes sesgados y muchas veces fundamentados en evidencia falsa para denunciar al estado en instancias internacionales, como la OEA, CIDH, ONU y Corte Penal Internacional”. Esto evidencia que su trabajo no es defender los derechos humanos en el país, sino “denunciar al Estado a escala internacional. Así se evidencia que es una campaña montada y no un esfuerzo sincero de luchar por los derechos humanos”.
DESESTABILIZACIÓN EN PIE
-¿Hay o no hay intentos de desestabilización contra el Gobierno Nacional?
-Por supuesto que sí hay muchos y múltiples intentos de desestabilización contra el Gobierno venezolano. Hubo el golpe de estado en 2002, apoyado desde Washington; los sabotajes económicos, intentos de magnicidio, guarimbas y un financiamiento multimillonario desde el exterior para mantener viva a la oposición y para alimentar el conflicto en el país.
Por otra parte, indicó, “también hay un especie de terrorismo diplomático contra Venezuela desde Washington, con sanciones, descalificativas y acusaciones sin fundamento. Sólo este año 2011 Washington ha impuesto sanciones contra Pdvsa”. También “ha clasificado a Venezuela como Estado violador de derechos humanos, no cooperante con la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico ni el tráfico en personas, y ha habido intentos desde afuera y desde adentro para deslegitimar las instituciones del Estado”.
Encima, hay “una campaña brutal en los medios internacionales” de satanización contra el presidente Chávez.
Washington, concluye, “jamás aceptará el gobierno de Hugo Chávez, porque no es un gobierno que se subordina a su agenda y a sus intereses”, y para Estados Unidos “eso es algo inaceptable. Un estado imperial no reconoce ni acepta la igualdad entre países”.