El vicepresidente del Consejo Legislativo del Zulia (CLEZ), diputado Eduardo Labrador, informó que el exgobernador Pablo Pérez presuntamente canceló 3.016.148,45 a cuatro dirigentes políticos del partido Un Nuevo Tiempo, todos diputados de la Asamblea Nacional (AN).
Según los documentos mostrados por el legislador, el diputado William Barrientos habría cobrado -supuestamente- desde el 16 de junio del año 2002, hasta el 25 de junio del 2010; una cifra calculada en 1.039.160,84.
El también diputado nacional Julio Montoya habría percibido por parte del exgobernador zuliano, desde el año 2006 hasta el 2010, la cantidad de 767.236,94.
El diputado indígena Jairo Silva recibió –según Labrador- desde el 2008 hasta el 2010, unos 423.833,59. Asimismo, el parlamentario Enrique Márquez obtuvo desde el 2008 hasta el 2010, la cantidad de 786.917,06.
Aunque el diputado del CLEZ explicó que las sumas antes mencionadas pudieron deberse a posibles asesorías políticas, pasarán un informe al Seniat y a la Contraloría General de la República para que se determine si los diputados de la AN declararon los impuestos correspondientes, por lo pagos presuntamente percibidos del pasado gobierno regional.
Criticó que se dejara de cancelar 50% de los aguinaldos a las trabajadoras y trabajadores, mientras el exgobernador Pérez mantenía una nómina paralela, cancelando sueldos millonarios a dirigentes políticos de alto nivel, así como a militantes de UNT.
Afirmó que se instaló la comisión de Contraloría Administración y Servicio del Consejo Legislativo, con el fin de investigar el número exacto de personas que percibían dinero de las presuntas nóminas paralelas.
INFORME
En relación con el informe que presentó la semana pasada el Secretario de Gobierno del estado, el diputado señaló que las legisladoras y los legisladores disponen de 90 días para culminar el informe y emitir sus conclusiones sobre el tema.
Aunque el ente legislador podría emitir una sanción política, serán los organismos jurisdiccionales los que determinen las sanciones desde el punto de vista de la normativa constitucional.
En este sentido, el diputado Henry Ramírez, agregó que se investigará el contenido del informe para determinar si con ciertas o no las denuncias en contra de la gestión de Pablo Pérez: “Necesitamos saber si hubo desfalco o malversación”.
Dijo que el exgobernador podría recibir sanciones civiles, penales o administrativas, que podrían llevarlo a una inhabilitación política.