El exparlamentario Rafael Narváez afirmó que el balance de los hechos que comenzaron el 12 de febrero de 2014, con protestas pacíficas y violentas, está -en su opinión- marcado por la impunidad.
Indicó que hubo más de 3 mil “detenciones arbitrarias sin orden de allanamiento”, la mayoría “acompañadas de tratos crueles e inhumanos”.
Se registraron también más de 2.400 presentaciones ante tribunales, sin el debido derecho a la defensa, según el análisis que hizo. También “hubo 43 fallecidos”, pero -de acuerdo con su versión- no se ha hecho justicia. “Hubo 181 agresiones a periodistas por parte de cuerpos de seguridad del Estado”, además de “35 robos y destrucción de material de trabajo”.
Narváez opinó que no todos los familiares de las víctimas han sido atendidos por los poderes del Estado. También insistió en que no hubo “debido proceso ni derecho a la defensa” y que las presuntas torturas cometidas no habrían sido investigadas.
Sobre el caso de Marvinia Jiménez, mujer carabobeña golpeada -de acuerdo con las imágenes ampliamente difundidas- por una integrante de la Guardia Nacional Bolivariana, manifestó que aunque la funcionaria tiene una orden de captura no ha sido puesta a derecho.
A un año “podemos decir que la impunidad le ha ganado a la justicia”, reprochó. “Si no hay investigación penal” los jueces no pueden actuar, indicó.
CRÍTICAS A LA 8610
Narváez criticó la resolución 8610 y sostuvo que el Ministerio de la Defensa no tiene facultad para legislar. Recalcó que la norma viola la Constitución, ya que la Carta Magna prohíbe el uso de armas de fuego en manifestaciones. “Tiene que ser derogada”, sentenció. También consideró que el Ministerio Público “ha sido muy tímido” respecto a este caso.