El triunfo electoral del comandante Hugo Chávez en las presidenciales de 1998 inauguró una sucesión de gobiernos de izquierda en América Latina que acabaría imponiendo en la región una agenda soberanista radicalmente opuesta al entreguismo característico de los regímenes anteriores. En el punto de partida, había que retornar al Estado el control sobre las abundantes riquezas del subsuelo que hasta ese momento engrosaban las cuentas de las oligarquías locales y del capital extranjero.
Han transcurrido algo más de 15 años, y al tiempo que se consolidan los modelos rupturistas introducidos por Hugo Chávez, Inacio Lula da Silva, Néstor Kirchner, Evo Morales, Daniel Ortega, Rafael Correa o José Mujica, la crítica insiste en ver en ellos señales de agotamiento que anticiparían su colapso.
Uno de los argumentos esgrimidos con mayor frecuencia es el que apunta hacia el final del carácter progresista de estos gobiernos, evidenciado entre otros en la explotación inmisericorde de los recursos naturales a pesar del discurso ecologista y de la retórica de la Pachamama expresados en las políticas y leyes para el Buen Vivir. Es objetivamente difícil conciliar la protección de la Pacha con la persistencia de una economía extractivista que contamina suelos y acuíferos, que deforesta y que desplaza de sus asentamientos a comunidades indígenas, como lo es también conjugar el socialismo con la criminalización de las protestas de los movimientos sin tierra, pequeño-campesinos y de los pueblos originarios.
Pero más que un giro a la derecha de las políticas económicas de estos gobiernos, quizá nunca hubo una verdadera propuesta alternativa, ni en 15 años ha logrado articularse más allá de algunas experiencias puntuales. Es el resultado de un modelo de desarrollo heredado, sobre el que no han operado los filtros de la descolonización que sí se han aplicado en cambio con éxito en otros ámbitos.
Con todo, ha sido bajo la gestión de estos gobiernos que, por primera vez en la desangrada Abya Yala, la explotación de sus riquezas naturales ha priorizado la financiación de programas sociales sobre la acumulación de capital en un reducido número de manos. Y aunque pueda tratarse de una excepción y no de la norma, ignorar la instrumentalización que las administraciones neocoloniales hacen de la disidencia en los países no alineados con sus intereses, equivale a desconocer una realidad que la experiencia se obstina en evidenciar una vez tras otra.