Como un anticipo al 1 de Mayo, el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess) y la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) realizaron la actividad Juicio Laboral al Gobierno Nacional, en la que expusieron lo que consideran “delitos contra la clase obrera”, que, en su opinión, presuntamente habría cometido el Estado venezolano.
Los miembros del “tribunal” “sentenciaron” a las autoridades del Ejecutivo Nacional por presuntamente vulnerar la seguridad social y el salario.
Froilán Barrios moderador del “juicio” y vocero de las conclusiones del evento, señaló que en Venezuela “no se discuten las contrataciones colectivas, se cierran empresas; lo cual ha generado el mas alto nivel de desempleo de la Historia”. “En la actualidad existen más de 400 contratos colectivos por discutirse, entre los que se encuentran varias instituciones gubernamentales como nunca había ocurrido en nuestro país”, añadió.
“Entre las razones por las cuales la clase trabajadora venezolana de manera soberana y autónoma enjuicia al gobierno nacional se encuentra la no instalación de la Comisión Tripartita como instancia de discusión y concertación entre tres sectores tradicionalmente contrapuestos como lo son los gobiernos, empresarios (empleadores) y los sindicatos”, expuso.
Barrios afirmó, que presuntamente “en nuestro país se viola la libertad sindical, en contradicción a lo establecido en el artículo 95 de nuestra Constitución Nacional. En la actualidad existen más de 300 sindicalistas detenidos o perseguidos, como en ninguna etapa de la historia laboral de nuestro país”.
“No podemos seguir permitiendo que se criminalice la protesta, elevamos nuestras voces contra los sindicalistas presos, las deficiencias en los servicios públicos, la inflación, la inseguridad”, comentó.
El sindicalista Pablo Castro, de Fetrabebibas, calificó “las amenazas al sector privado como una de las causas que mantienen a las empresas a las puertas de la quiebra. Asimismo, el aparato productivo se ha retraído y no hay incentivos para su reactivación, existe una deuda importante laboral en las instituciones públicas y no hay seguridad ni jurídica ni personal”.
Marlene Sifontes, Secretaria de organización de Sunep-Inparques, habló de presuntas “irregularidades administrativas en el manejo de los recursos para el pago de sueldos y salarios de Inparques que afectó a unos 2.500 trabajadores a nivel nacional pero lo mas graves sería la eliminación del contrato marco del sector”.
JUICIO SIMULADO
Este “juicio” se realizó en el Auditorio de la asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, donde Rodrigo Penzo dio inicio al acto con la participación del “demandante”, denominado Trabajadores de Venezuela. El demandado, que en este caso se llamaba “Gobierno Nacional”, fue juzgado en ausencia.
Los maestros de ceremonia explicaron la motivación del juicio laboral. Luego, el escribiente encargado de sustanciar el expediente tomó nota de la exposición de cada uno de los siete testigos. El escribiente, al culminar su acusación, determinó los tres principales delitos presuntamente cometidos por el acusado.