El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha recibido amenazas de ciertos líderes por sus investigaciones contra altos funcionarios israelíes y su manera de llevar la guerra en la Franja de Gaza, según afirmó en declaraciones a CNN.
«Me han hablado algunos líderes electos y fueron muy directos. ‘Este tribunal fue construido para África y para matones como Putin’, fue lo que me dijo un alto dirigente», contó el fiscal.
La entrevistadora, Christiane Amanpour, le preguntó específicamente sobre una carta de un grupo de legisladores estadounidenses en la que advierten al fiscal que no apunte contra Israel o se estará apuntando a sí mismo y a sus familiares con sanciones. «Le han advertido. ¿Es una amenaza?».
«Creo que ese es su significado claro en inglés», respondió. Khan llamó a recordar que «este tribunal es el legado de [los juicios de] Núremberg» y «debe ser el triunfo de la ley sobre el poder y la fuerza bruta».
«No vamos a ser disuadidos por amenazas o cualquier otra actividad, porque al fin y al cabo tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, que es la fidelidad a la justicia. Y no vamos a dejarnos influir por los diferentes tipos de amenazas, algunas de las cuales son públicas y otras tal vez no», aseguró.
Este lunes, el fiscal de la CPI pidió órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa del país hebreo, Yoav Gallant; así como de Yahya Sinwar, jefe de Hamás en la Franja de Gaza; Mohammed Deif Ibrahim al Masri, comandante en jefe del ala militar de Hamás, conocida como Brigadas al Qassam; e Ismail Haniyeh, jefe del buró político de Hamás.
Según el alegato presentado a la corte, con sede en La Haya, tanto estos tres como Netanyahu y Gallant «son penalmente responsables de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio de Israel y del Estado de Palestina».
El documento constitutivo de la CPI, el Estatuto de Roma de 1998, fue ratificado por 124 países, entre los que no figuran EE.UU., Rusia, China ni Israel, entre otros, por lo que las naciones que no son parte del Estatuto de Roma de la CPI no tienen ninguna obligación en virtud del mismo en términos jurídicos.
Así, la decisión de la CPI de emitir una orden de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por presuntos crímenes de guerra en Ucrania no fue aceptada ni reconocida por Moscú.