El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, consideró que el plebiscito aunque válido resultaría insuficiente para otorgar garantías jurídicas a los acuerdos derivados de las conversaciones con las insurgentes FARC-EP.
Tal fórmula es un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la ley nacional que puede cumplir perfectamente el propósito de refrendar los pactos de La Habana (entre el Gobierno y el movimiento guerrillero) pero no es suficiente para blindar jurídicamente el proceso, insistió el jefe del ente investigador.
Esa consulta popular por un sí o un no, es defendida por el Ejecutivo y obtuvo el respaldo del Congreso, resta ahora el visto bueno de la Corte Constitucional y la firma del presidente Juan Manuel Santos.
El mandatario quiere honrar la palabra empeñada desde el inicio de estas conversaciones en el sentido de que el pueblo tendría la última palabra sobre lo acordado, sin embargo no podemos dejar de lado que está de por medio la validez e implementación efectiva de los consensos, opinó Montealegre en declaraciones difundidas por el portal digital El Nuevo Siglo.
El experto defendió la tesis de celebrar una Asamblea Nacional Constituyente limitada, con el fin de respaldar los tratados alcanzados en Cuba entre los equipos gubernamentales y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Pienso -subrayó- que tal opción sería el escenario democrático natural para llevar a cabo las grandes transformaciones que debemos realizar tras la firma de la paz.
Tal alternativa recomendada por Montealegre es sugerida igualmente por la dirigencia de las FARC-EP, activistas y movimientos sociales colombianos.
Desde 2012 ambas delegaciones (Ejecutivo e insurgencia) dialogan en la capital cubana con el objetivo de hallar una salida negociada a la larga guerra interna, que ha dejado unos 300 mil muertos.
En el transcurso de dichos encuentros lograron ya preacuerdos en los temas de reforma rural integral, participación política, combate a las drogas ilícitas y víctimas, falta definir los términos del cese el fuego bilateral, la dejación de armas, desmovilización y reintegración a la sociedad de los ahora combatientes.
Al referirse al reciente tratado sobre víctimas de la confrontación el fiscal general comentó que implica el avance más significativo en toda la etapa de conversaciones pacificadoras, y es único en la historia de la justicia transicional.
Ese pacto prevé la creación de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, en virtud de la cual serán creados tribunales encargados de investigar, juzgar y sancionar a responsables de la contienda, sin impunidad para crímenes de lesa humanidad pero con beneficios de indultos y amnistías en casos de delitos políticos y conexos.