El expediente que involucra a Felipe Rodríguez, alias “El Cuervo” en el triple asesinato de plaza Altamira ocurrido en 2002, está siendo revisado. Así respondió este martes la Fiscal General de la República, Luisa OrtegaDíaz, a una pregunta sobre el caso que le hicieron apenas concluyó la presentación de su informe anual ante la plenaria de la Asamblea Nacional (AN).
Recordó que en 2003 los fiscales del Ministerio Público asignados al caso “dieron por concluida la investigación”. No obstante, aclaró que no se había procedido al archivo fiscal (que implica el cese las diligencias pero no se finiquita el expediente).
“En este momento nos encontramos revisando las razones por las cuales terminó esa investigación y oportunamente estaremos informando los resultados de esa diligencia”, señaló.
La consulta sobre el estatus de esa investigación le fue hecha porque la Comisión de Política de la AN decidió unánimemente reabrir el caso después de que un tribunal le concediera libertad condicional a Rodríguez.
Igualmente fue requerida su opinión en torno a que los estudiantes en huelga de hambre anunciaron que se coserían los labios para demostrar que no están ingiriendo alimentos.
Dijo que no tenía confirmada la noticia, pero que le parecía sumamente grave que un médico –que al parecer se había prestado para coser al estudiante– incurriera en semejante despropósito profesional.
“Los médicos son para salvar y proteger la vida, garantizar la salud (de las personas) y que no sufran daños ni sufrimientos”.
Otro consulta hecha a la Fiscal General estuvo referida al caso de Walid Makled, detenido en Colombia, país al que fue requerido en extradición por Venezuela, que lo acusa por delitos relacionados al narcotráfico. Recordó que el primer mandatario colombiano había prometido la extradición y que, en todo caso, la investigación “no está paralizada”.
Un reportero de un medio impreso privado le pidió el número de casos de ajusticiamiento en 2010. “No puedo darlo porque mientras no haya una sentencia firme no hay un delito”, respondió.
Otro punto sobre el que se le pidió pronunciarse fue el de la presunta estafa sobre el fondo de pensiones de trabajadores y pensionados de Pdvsa. Aclaró que se habían recibido tres denuncias y que designó a fiscal sexto nacional, María Alejandra Pérez.
EL CARACAZO
Ortega Díaz mencionó, con relación al Caracazo, en 2010 realizaron 2.000 oficios y 1.500 diligencias que permitieron presentar tres acusaciones, entre las cuales la de Ítalo del Valle Alliegro, quien era ministro de Defensa de Carlos Andrés Pérez en 1989.
Sobre este tema, mencionó que los restos óseos “La peste” fueron individualizados.
El abordaje general también le permitió recordar que se están investigando los asesinatos, desapariciones y torturadas cometidas por los gobiernos de las décadas del 60, 70 y 80.
“La unidad criminalística contra la violación de los derechos humanos es una de las mejores a nivel mundial”, resaltó.
752 MIL SOLICITUDES DE APREHENSIÓN
En el balance presentado ante la plenaria de la AN, Ortega Díaz citó que en 2010 se realizaron, aproximadamente, 752 mil solicitudes de aprehensión, de las cuales 632 mil corresponden a denuncias y querellas por hechos punibles de acción pública.
Agregó que las y los fiscales realizaron 133 mil imputaciones y solicitaron 257 mil actuaciones judiciales. Hubo 615 mil egresos: actos conclusivos (acusación, sobreseimiento u archivo).
Con respecto a los casos de drogas, dijo que los fiscales realizaron 17 mil 715 actos conclusivos y 20 mil 737 imputaciones, e intervinieron en 58 mil actuaciones judiciales. El Ministerio Público tuvo participación en la incautación de 11 toneladas de drogas y solicitó el embargo preventivo de cuatro empresas que vendían químicos para la producción ilegal de narcóticos.
La Fiscal General detalló que fueron cremados 46 mil kilos de estupefacientes en 160 actos, lo cual se hizo en hornos con dispositivos protectores del ambiente.
En cuanto a la Dirección de Protección Integral de la Familia mencionó que hubo 157 mil egresos.
CONSTRUCTORES DETENIDOS
La vocera del Ministerio Público expuso como un logro la resolución del caso en el que se vieron involucrados, en calidad de víctimas, directivos de la patronal Fedecámaras.
Otro tema que la Fiscal General ofreció a los parlamentarios es el de las estafas inmobiliarias. Dijo que se investigaron 430 que derivaron en siete acusaciones, producto de 255 actuaciones judiciales. “Al 31 de diciembre de 2010 se habían practicado 12 aprehensiones de constructores”, precisó.
Alabó la creación de dos fiscalías de juicio, con lo que suman cuatro. existente. Asimismo, destacó creación de un despacho fiscal encargado de investigar las muertes de los trabajadores por graves violaciones a las condiciones del modo y manera en que se desempeña la labor.
En materia de derechos humanos (que se encarga de investigar a los funcionarios), manifestó que se reportaron 25 mil 644 egresos.
CONTRA LA CORRUPCIÓN
Sobre las investigaciones por denuncias de corrupción, la Fiscal General señaló que se realizaron 3 mil 210 actos conclusivos y 1.200 imputaciones. Con ocasión de las quiebras de diferentes entidades financieras producto de que los banqueros huyeron con los depósitos de
los ahorristas, puntualizó que se formularon 18 acusaciones y se pidieron 80 órdenes de aprehensión.
Mencionó las dos órdenes de captura contra exfuncionarios prófugos involucrados en el caso de los alimentos descompuestos en contenedores.
Finalizó recordando el proceso de exhumación de los restos del libertador Simón Bolívar y de sus hermanas, María Antonia y Juana, para aplicarles una prueba de ADN.
“Estamos imprimiendo dinamismo a la institución, el MP ordena y dirige la investigación, le corresponde garantizar el respeto al cumplimiento”.