La Procuraduría General de Brasil (PGR) solicitó el lunes al Supremo Tribunal Federal (STF) que condene al expresidente Jair Bolsonaro a más de 40 años de prisión por intento de golpe de Estado, organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y daño a bienes federales.
Los cargos contra el expresidente brasileño forman parte de los alegatos finales presentados en la causa penal que investiga el intento de desestabilización institucional planificado por el círculo íntimo de Jair Bolsonaro.
Según la PGR, el exmandatario encabezaba una organización criminal destinada a desacreditar el sistema electoral, incitar ataques a las instituciones democráticas y articular medidas excepcionales.
Además del expresidente, la fiscalía brasileña también pidió la condena a Mauro Cid (teniente coronel y ex-ayudante de órdenes), Walter Braga Netto (general y exministro), Alexandre Ramagem (diputado y exdirector de la Abin), Almir Garnier (almirante y excomandante de la Marina), Anderson Torres (exministro de Justicia), Augusto Heleno (general y exministro del GSI), y Paulo Sérgio Nogueira (general y exministro de Defensa).
Las acusaciones vinculadas a Mauro Cid, incluyen participación en la planificación de un golpe de Estado, ataques a instituciones (como el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), y la difusión de mentiras sobre el sistema electoral.
Cada uno de los exministros, militares y aliados cercanos de Jair Bolsonaro están siendo imputados de los delitos de organización criminal armada, intento de abolir el Estado democrático de derecho y golpe de Estado.
También están siendo juzgados por daños calificados contra el patrimonio federal. Cada uno de los imputados podrían ser sentenciados a más de 40 años de prisión.
La PGR marcó el lunes el inicio de la etapa final del proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados, por una supuesta tentativa de golpe de Estado para impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.
Esta fue la última oportunidad para que la acusación y las defensas presenten sus argumentos, analicen las pruebas y refuercen sus posturas a favor de la condena o absolución del expresidente y el resto de imputados.
Durante la fase de instrucción, la fiscalía recogió declaraciones que se esperan sean decisivas en la evaluación final.