Más de mil 500 denuncias de estafas inmobiliarias ha recibido el Ministerio Público, así lo informó la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.
“Nosotros designamos 67 fiscales en el territorio nacional, es decir, 60 en las regiones y siete fiscales nacionales para atender las estafas inmobiliarias. Estos siete funcionarios están coordinando distintas regiones, como por ejemplo Los Llanos, Oriente, Occidente, Central, Los Andes y Guayana”, reiteró la Fiscal.
Informó que -además- en cada de uno de estos despachos fiscales se designó un funcionario, exclusivamente, para la atención de las personas. “Se ha desplegado todo un operativo, en el ámbito nacional, para garantizar a las personas la atención debida y la respuesta oportuna que ofrece el Ministerio Público”.
Con relación a las acciones que el Ministerio Público ha emprendido, existen 500 investigaciones en proceso.
Hasta ahora se han acusado a 13 personas, se encuentran todas privadas de libertad y se solicitó una medida de prohibición de enajenar y gravar sus bienes, igualmente, congelación de sus cuentas bancarias.
A las empresas que representaban estas 13 personas, también le fue solicitada la prohibición de enajenar y gravar, de la misma forma la congelación de las cuentas bancarias.
La Fiscal informó que existen 11 personas más privadas de libertad, las mismas están en fase de investigación y está transcurriendo el lapso que otorga la Ley para que el Ministerio Público realice el acto conclusivo, inclusive, nueve de éstas fueron privadas de libertad recientemente.
Además, existen 25 solicitudes de privativa de libertad, es decir, se habla de 47 medidas personales contra las distintas personas que presuntamente están involucradas en las mencionadas estafas.
Con motivo de las detenciones que se produjeron sábado, domingo y lunes, se contaba con cuatro personas privadas de libertad, las mismas fueron presentadas ante el Tribunal de Control y se les ratificó la medida. De la misma forma el 1º de febrero fueron presentadas cinco personas que también se les ratificó la privativa de libertad.