El fiscal Superior del estado Zulia, Richard Linares, se comprometió con los grupos ecológicos de la región a iniciar una investigación sobre la tala de no menos de 500 árboles, los cuales fueron utilizados como barricadas en la capital zuliana, por parte de grupos violentos de la derecha.
Linares recibió a grupos ecológicos, culturales, estudiantes y colectivos de protección animal, en la sede del Ministerio Público, ubicado entre las avenidas 5 de Julio y Dr. Portillo de Maracaibo.
El representante del Ministerio Público en el Zulia recibió de manos de los grupos ambientalistas, de la autoridad única de Ambiente en Zulia, Lenin Cardozo y de la presidenta del Consejo Legislativo de Zulia (Clez), Magdely Valbuena, la solicitud de investigación, contentiva de una serie de fotografías y videos que denuncian el supuesto crimen ecológico que vive Maracaibo.
Indicó que además del presunto ecocidio en la ciudad con la tala y quema de árboles, se suma que los troncos fueron utilizados para trancar vías públicas, lo que violenta el derecho al libre tránsito de las personas.
«Podríamos presumir de entrada que no solo la denuncia está dirigida a investigar la presunta tala indiscriminada de árboles, sino la utilización que hacen con estos árboles para entorpecer el libre tránsito de las personas; es decir, que podríamos estar en la presencia de la concurrencia de varios hechos punibles», sentenció Linares.
Manifestó: «Tengan la certeza, en nombre de la fiscal general Luisa Ortega Díaz y en nombre de la Fiscalía Superior del estado Zulia, que vamos a iniciar la averiguación y establecer la responsabilidad penal a quien corresponda».
Por su parte, Magdely Valbuena, presidente del Clez señaló que existen leyes como la Penal del Ambiente, que refiere la pena de 3 a 9 meses para quienes atenten contra el ambiente y además el pago de 300 a 900 unidades tributarias.
«A pesar de las diferencias que podamos tener no es justo el ecocidio del que hemos sido víctimas», destacó la parlamentaria, quien acusó a la Alcaldesa de Maracaibo, una «actitud muy pasiva» ante este crimen ecológico municipal.