A partir de este lunes, 300 empresas del estado Carabobo serán fiscalizadas por el Fondo Nacional Antidrogas (Fona), con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de este sector productivo establecido en la Ley Orgánica de Drogas.
Así lo informó el comisionado de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) en el estado Carabobo, Manuel Sandoval, durante la celebración de una jornada de información y divulgación dirigida al sector empresarial realizada este lunes en el Hotel Venetur de Carabobo, en conjunto con la Cámara de Industriales de la entidad central.
Sandoval explicó que estas fiscalizaciones comprenden la revisión de la información contable de cada empresa así como los aportes que han formulado al FONA.
La Ley Orgánica de Drogas establece que las empresas asentadas en el país y que poseen más de 50 trabajadores, deben aportar el 1% de su ganancia neta al FONA, recursos con los cuales se financian los programas sociales que ejecuta este fondo.
Recordó que con los aportes de las empresas se nutren los planes, programas y proyectos destinados a las comunidades organizadas en consejos comunales para financiar obras que fortalezcan las áreas de prevención, educación, cultura y deporte.
Al respecto, informó que este año el FONA entregó recursos a 34 consejos comunales de la entidad carabobeña con los cuales se desarrollaran proyectos como la rehabilitación de escuelas, canchas deportivas y espacios culturales para prevenir el consumo de drogas y generar espacios para la paz.
Además de estos proyectos, los aportes que recibe el FONA también se destinan para retribuir el 40% de lo recaudado al mismo sector privado sujeto de obligaciones con el FONA, con lo cual estas empresas aplican programas de prevención destinados a los trabajadores y sus familiares.
Igualmente se dan aportes especiales para los planes de prevención y seguridad implementados en el país por el Ejecutivo Nacional.
El Comisionado de la ONA Carabobo indicó que la Ley también exige aportes especiales a aquellas empresas que distribuyen alcohol y tabaco, recursos que se destinan a la creación, mantenimiento y funcionamiento de los centros de rehabilitación y tratamiento en materia de drogas.