El fallo dictado por el Tribunal Supremo de Justicia en el caso de las prótesis mamarias marca PIP, a juicio de la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, establece un precedente global, al instar a las empresas privadas a asumir su responsabilidad frente a una acción que ha afectado a un número importante de mujeres en el país que por diversas circunstancias se colocaron un implante de mama.
En días recientes, la Sala Constitucional del TSJ decretó una medida cautelar que obliga a las clínicas privadas y médicos cirujanos a no colocar más implantes PIP y proceder al reemplazo de las prótesis, en virtud de la vulneración del derecho a la salud e incluso amenaza del derecho a la vida de las pacientes afectadas.
Durante un contacto telefónico con el programa La Voz de la Defensoría, que transmite el Canal Informativo de Radio Nacional de Venezuela, recordó que generalmente se asume que el Estado tiene que responder en este tipo de casos.
En fallos anteriores, como sucedió con Terrazas de La Vega, el TSJ ha enviado un mensaje claro y positivo, que los derechos humanos y las responsabilidades son compartidas en una sociedad y en este caso debe asumirse de esta manera el resarcimiento y la sustitución de los implantes.
En correspondencia con la actuación del poder judicial, el día miércoles –en horas de la tarde- se instaló la primera mesa de trabajo con representantes de la Defensoría del Pueblo, Ministerio del Poder Popular para la Salud, Asamblea Nacional, Indepabis y las afectadas, con el objeto de diseñar un protocolo que permita avanzar en la sustitución de los implantes, tomando como prioridad los casos que representen un riesgo para la salud de las mujeres.
El protocolo establecerá las normas y secuencia de los pasos necesarios para definir el manejo clínico de cada una de las personas afectadas, desde el momento que llega a la consulta médica, los exámenes, el tipo de historia clínica, y los datos que se requieran.
Ramírez llamó la atención sobre la necesidad de que “las defensorías amplíen su radio de acción sobre el empresariado privado que podría generar violaciones sobre los derechos humanos; en este caso el TSJ ha determinado que se trata de un tema de derechos colectivos y difusos, aun cuando toda la cadena de distribución y colocación tiene una naturaleza privada”.
La medida de TSJ beneficia a todas aquellas personas que tengan implantado en su cuerpo prótesis mamarias marca PIP, fabricadas por las empresas Poly Implant Prothese, Galaxia Médica, Multi Industrias Médicas Multimed, farmacia Locatel, Locatel franquicia, Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica Reconstructiva, Estética y Maxilofacial y la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales.