Decir Venezuela es decir petróleo. No hay sorpresa en ello, no después de más de 100 años de actividad relacionada con este hidrocarburo. Las campañas de exploración a lo largo y ancho del territorio nacional hicieron conocido este recurso natural antes de que comenzara su extracción, primero, con el objetivo de colocar barriles en los mercados estadounidenses o europeos. Años más tarde el mismo comenzó a refinarse en el país, para elaborar productos terminados tan necesarios como la gasolina, el diesel y los distintos tipos de lubricantes.
Y en todos esos momentos el gas estuvo ahí, presente, pero no notado. No tomado en cuenta por una industria poderosísima, enfocada casi de manera absoluta en el negocio del crudo. En una centuria el gas natural fue una especie de cenicienta energética.
Sin embargo, con el tiempo tal realidad comenzó a cambiar. Y ese cambio pesan razones diversas, como la búsqueda de combustibles más baratos y menos contaminantes, tendencia que se impone cada vez más en la lucha mundial en contra el cambio climático. O la existencia de una voluntad política como la que mostró el Presidente Chávez cuando nos habló de la revolución gasífera.
Se estima que Venezuela posee aproximadamente 457 billones de pies cúbicos de gas, de las cuales 197 billones de pies cúbicos son reservas ya probadas. La producción de este hidrocarburo ha mostrado un crecimiento sostenido en el país desde 1999, salvo un pequeño retroceso ocurrido entre 2002 y 2003, como consecuencia del sabotaje petrolero.
Hoy día gas natural representa en una gran oportunidad, no solamente como fuente de obtención de divisas sino también como elemento indispensable para generar un sector industrial aguas abajo que vaya más allá de la petroquímica y que además se convierta en un gran generador de empleos, por ejemplo, como lo sería el ensamblaje o mejor aun, la fabricación de calentadores, cocinas, neveras, lavadoras y secadoras a gas.
Y todo esto sin contar con que se llegara a concretar, finalmente, una estrategia sostenida con un cronograma de obligatorio cumplimiento, para la conversión a gas del transporte público y de la flota de vehículos oficiales.