El gobernador del estado mexicano de Guerrero (sur), Ángel Aguirre, destituyó este miércoles al fiscal, el secretario y subsecretario de Seguridad Pública, después de que se registrara una violenta represión en una marcha estudiantil donde dos estudiantes perdieron la vida.
«He separado de sus cargos el día de hoy (miércoles) al licenciado Alberto López Rosas, quien fungía como procurador de Justicia», así como al secretario y subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte y Ramón Arreola (respectivamente) de quien dependía la policía», informó el gobernador.
Aguirre, quien ofreció las declaraciones a una emisora local, indicó la decisión fue tomada con el de que «se transparenten, se faciliten, las investigaciones».
El gobernador, que asumió el pasado 1 de abril, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) hacerse cargo del caso para tratar de que no haya impunidad.
Asimismo, pidió a la procuradora Marisela Morales que la Fiscalía General tome el caso «dado que, además, es un delito que en algunas de sus partes se tipifica como federal».
La autoridad local indicó que le interesa es que “gente externa” acuda al estado y realice “las investigaciones necesarias” e incluso manifestó estar dispuesto a abrir «una fiscalía especial sobre estos hechos».
Ahora, el titular de Seguridad Pública es Humberto Calvo, quien se desempeñaba como subsecretario de Protección Civil; y el nuevo subsecretario es el teniente Leonardo Vázquez.
Este martes una marcha estudiantil bloqueó la Autopista del Sol a la altura de Chilpancingo, capital del sureño estado de Guerrero, lo que derivó en un tiroteo en el que murieron los estudiantes Gabriel Echeverría y José Alexis Herrera Pino. Se conoció que otro joven está gravemente herido y otros 15 supuestamente desaparecidos.
Las denuncias contra la policía crecieron tanto por la represión como por las demandas de abogados que aseguraron que varios detenidos fueron golpeados.
Las autoridades de Guerrero afirmaron que la policía fue enviada sin armas a levantar el bloqueo. Esta afirmación dio pie a un intercambio de acusaciones entre la Policía Federal y la policía del estado, que divulgó un video de una cámara instalada en la autopista, en el que identifican a supuestos agentes de la Policía Federal.
«El video dura más de una hora, desde que llegan los autobuses (con manifestantes) hasta que termina la situación (…) no buscamos probar nada, es para dar certeza a la población de que la investigación llegará a las últimas consecuencias», informó por su parte el vocero del estatal Operativo Guerrero Seguro, Arturo Martínez.
En tanto, el vocero de la Policía Federal, José Ramón Salinas, señaló a la prensa local que se iniciaron las investigaciones para determinar el «posible exceso de fuerza física» por parte de sus agentes.
También la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga la muerte de los jóvenes.
Organizaciones civiles y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el más grande de América Latina, convocaron una marcha de repudio en Chilpancingo.