La gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, promulgó la ley contra la inmigración indocumentada, que pretende criminalizar a casi medio millón de inmigrantes que viven ilegalmente en este estado fronterizo con México.
Brewer estampó su rubrica a favor de la ley, este viernes 23 de abril, a pesar de que miles de personas manifestaban en contra de la Ley 1070, con pancartas y gritos en las puertas de la sede de Gobierno estatal.
La acción de la gobernante provocó el pronunciamiento de organizaciones defensoras de los inmigrantes sin papeles, quienes expresaron que utilizarán todos los recursos a su alcance para defender los derechos y dignidad de los mexicanos en Arizona.
Esta Ley denominada 1070 contempla que «será un delito estatal estar ilegalmente en este país» y permite a la policía confirmar el estatuto migratorio en base a «sospechas razonables».
«La ley que voy a firmar, es otra medida de nuestro estado que trabaja por resolver una crisis que no hemos creado y el gobierno federal se ha negado a solucionar», expresó la Gobernadora, al tiempo que agregó que la decisión de firmar no fue de ninguna manera tomada a la ligera, alegando que ha escuchado pacientemente a ambos lados, aseguró Brewer.
Por su parte, el presidente Barack Obama calificó de «irresponsable» este intento de ley en Arizona.
Entretanto, el investigador Santos Ramírez, denunció que en el condado de Maricopa, donde se encuentra la capital de Phoenix, el sheriff, Joe Arpaio mantiene redadas en supermercados y en lugares de trabajos en busca de indocumentados.
También destacó que en esta polémica entidad estadounidense, han sido aprobadas otras iniciativas que intentan reducir el flujo migratorio y expulsar a residentes ilegales, por ejemplo, «en 1988 se aprobó una iniciativa denominada Only English que obligaba a los funcionarios de dependencias de servicios públicos a hablar sólo en ingles».
«Más tarde se votó a favor una ley que impide que se otorgue servicios de educación y salud a migrantes o hijos de migrantes y la más reciente había sido la Ley 200, que castiga a los patrones que den trabajo a los indocumentados», informó el investigador.
Otra de las instituciones que se pronunció fue la iglesia católica, con el arzobispo de Los Ángeles, cardenal Roger Mahoney, quien dijo que la ley de Arizona es «una de las leyes antiinmigrantes más retrógradas, mezquinas e inútiles del país».
A lo que Brewer respondió diciendo:»No podemos sacrificar nuestra seguridad ante la codicia criminal de los carteles de la droga. No podemos permanecer de brazos cruzados mientras los secuestros y la violencia comprometen nuestra calidad de vida».
Arizona es la segunda jurisdicción, después de Nevada, con mayor proporción de inmigrantes ilegales respecto a su población: casi medio millón en relación a 6 millones de habitantes, según datos del Centro Hispano Pew.