El Gobierno de Argentina oficializó este viernes el brusco incremento en las tarifas del gas natural y el agua, acción con la que se da continuidad al paquete de ajustes en el costo de los servicios, ejecutado por Mauricio Macri en menos de cuatro meses de mandato.
En el caso del gas, la medida fue anunciada en la Resolución 28 y 31 del Ministerio de Energía Eléctrica y Minería, se publicó en el Boletín Oficial con fecha 01 de abril de 2016, y comenzará a notarse en las facturas de este mismo mes.
Esta providencia promediará entre un 300 y 500 por ciento para los usuarios residenciales y llegaría al 1700 por ciento para las pequeñas y medianas empresas.
De igual manera, este mismo viernes el director general de AySA (distribuidora de agua), Martín Heinrich, confirmó que el aumento tarifario en el servicio de agua para su área de prestación (Buenos Aires y su cinturón metropolitano) será del “216,6 por ciento en general”, con un máximo del 375 por ciento.
A pesar de que las nuevas tarifas del vital líquido no llega a toda la Argentina, tiene un alto nivel de afectación, debido a que en la capital y su área metropolitana se concentra más de un cuarto de la población nacional.
El aumento en ambos casos contempla la aplicación de un «tarifa social» para los sectores de menores ingresos económicos o con mayor grado de vulnerabilidad, es decir, a los jubilados o pensionados, empleados con remuneración de hasta dos salarios mínimos, titulares de programas sociales y quienes estén inscritos en el régimen de monotributo social.
Según el mandatario argentino se hace necesario eliminar el subsidio del gas e implementar un nuevo esquema de precios, a fin de «promover inversiones en exploración y explotación de gas y así garantizar su abastecimiento y emitir señales económicas claras y razonables».
Además, Macri asegura que su intención es promover el consumo racional y responsable de los servicios, por lo que otorgará «beneficios» a quienes registren ahorros igual o superior al 15 por ciento.
Según la Universidad Católica de Argentina, durante los primeros meses del año se incrementó en un 1,4 por ciento la pobreza de ese país, como consecuencia de medidas gubernamentales que han desembocado en una devaluación de hasta 60 por ciento, lo que refiere que las familias argentinas tendrán dificultades para acarrear este nuevo gasto.
En vez de tarifazo, los funcionarios gubernamentales hablan de “normalización” de los precios, sin embargo, el impacto de los contundentes aumentos sobre los hogares más humilde es significativo.
El fuerte incremento en los precios de los servicios argentinos empezó el 1 de febrero con la electricidad, a lo que posteriormente se le sumó un aumento en las tarifas de la gasolina, el transporte público y ahora el agua y gas.