El gobierno conservador español cifró este viernes en 37 mil 700 millones de euros el impacto total sobre la economía de todos los ajustes que aplicará hasta 2015 para achicar el sector público y reducir el abultado déficit.
Según explicó en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ese monto incluye la totalidad de las medidas adoptadas desde 2012 por el poder central para «adelgazar» las administraciones públicas (estatal, autonómica y local).
El Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) aprobó este viernes el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que pretende eliminar duplicidades en la prestación de servicios entre el Estado y las 17 comunidades autónomas.
De acuerdo con ese documento, el Gobierno de Mariano Rajoy prevé suprimir, fusionar o simplificar 57 organismos, entes o fundaciones, como los defensores del pueblo o los tribunales de cuentas.
Sáenz de Santamaría precisó que la reforma del sector público, reclamada por el ala dura del PP y por la Unión Europea (UE), supondrá un ahorro de seis mil 500 millones de euros para las administraciones y de 16 mil 300 millones para los ciudadanos hasta 2015, cuando termine de implantarse.
Indicó que la poda de 37 mil 700 millones de euros procede de sumar la racionalización de estructuras, las medidas sobre el empleo público adoptadas desde 2012 y la proyectada reforma local, además de las propuestas recogidas en la auditoría de la CORA.
En los planes remitidos a la UE el pasado año, el Palacio de la Moncloa -sede gubernamental- señaló que los territorios autonómicos duplicaron organismos como el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, lo cual generó costes innecesarios.
Según versiones periodísticas, Rajoy quiere llegar a la cumbre europea del próximo jueves con la reforma de las administraciones en marcha.
Aunque con meses de retraso, intentará mostrarse ante sus socios comunitarios como un alumno aplicado en una cita en la que España confía en beneficiarse de parte de los seis mil millones de euros para frenar el desempleo juvenil.
Para más adelante quedan otros cambios peliagudos exigidos por la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, como una nueva subida de impuestos y la reforma de las pensiones.
Las principales organizaciones sindicales españolas temen que esta nueva reforma traiga más destrucción de empleo por el cierre o eliminación de numerosos organismos, en un país con más de seis millones 200 mil desempleados, el 27% de la población activa.