El Gobierno de España aprueba este viernes una reforma laboral que reduce la indemnización para trabajadores fijos que sean despedidos de forma improcedente de los 45 días por año actuales a sólo 33, con un máximo de 24 mensualidades, abaratando los costos de los despidos.
El jefe de Gobierno español, Mariano Rajoy, reconoció que la enmienda «me va a costar una huelga».
La reforma laboral será «extremadamente agresiva» dijo este jueves el ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, desde Bruselas (Bélgica) antes de la reunión del Eurogrupo.
El objetivo de la reforma laboral es simplificar las modalidades de contratos, cambiar el modelo de formación profesional y reorientar las bonificaciones a la contratación para, según la ministra de Salud, Fátima Báñez, «estimular el empleo juvenil».
Asimismo, se busca modificar las políticas activas de empleo y disminuir las prejubilaciones, menos para casos excepcionales, al tiempo que pondrá freno al uso de las prestaciones por desempleo como mecanismo de jubilación encubierta.
La ministra ha descartado implantar un contrato único, porque lo considera «inconstitucional», así como poner en marcha los «miniempleos» que tienen una jornada reducida y salarios inferiores.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que la reforma adoptada este viernes «marcará un antes y un después» en la legislación laboral española.
Esta reforma es la tercera del nuevo gobierno conservador español, mientras el malestar social no deja de crecer en España, donde en promedio se lleva a cabo una manifestación semanal.
El desempleo en España afectaba al 22,85 por ciento de la población activa a finales de 2011. Esta tasa es casi tres veces más elevada que en 2007, cuando el paro alcanzó un mínimo de 7,95 por ciento gracias al auge del sector inmobiliario.
Esta semana, Mariano Rajoy admitió en una comparecencia en el Congreso de los Diputados (Cámara Baja del Parlamento), que la situación respecto al desempleo es «crítica» y «todavía empeorará» en 2012.
El Banco de España, la Unión Europea (EU) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) presionaron al Gobierno español para que reformara cuanto antes un mercado laboral considerado demasiado «rígido».