El oficialista Partido Popular (PP) aprobó este jueves en solitario una controvertida reforma de las pensiones del gobierno conservador de Mariano Rajoy, que restringe las condiciones de acceso a la jubilación anticipada y parcial en España.
En una imagen que se repite desde su llegada al poder hace año y medio, el Ejecutivo sacó adelante en el Congreso de los Diputados su controvertida iniciativa con el único respaldo del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara baja.
El resto de los partidos con representación parlamentaria votaron en contra de este decreto ley por considerarlo injusto, además de advertir de la intención oculta de esta medida de empujar a los españoles hacia sistemas de retribuciones privados.
La nueva norma fue convalidada con el voto favorable de 177 diputados populares, las dos abstenciones de Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias y el rechazo de los 126 legisladores del PSOE, Izquierda Plural, UPyD, CiU, PNV y el Grupo Mixto.
Con su hegemonía, el derechista PP bloqueó, además, la solicitud de la oposición para que la reforma se tramitara como proyecto de ley para poder presentar propuestas de modificación.
Según el Gobierno, la flamante legislación pretende garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en este país europeo, al optar por desincentivar el retiro anticipado o parcial.
España ya emprendió los primeros pasos para retrasar gradualmente la edad de jubilación en dos años, hasta los 67, pero la ministra de Empleo, Fátima Báñez, afirmó que en la actualidad la edad real de retiro se sitúa en los 63 años, aún lejos de la legal.
Las nuevas medidas blindan, además, el acceso de los mayores de 55 años al subsidio por desempleo, única ayuda que les queda antes de empezar a cobrar la asignación de jubilación y tras haber agotado su prestación por paro.
En nombre del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la diputada Isabel López criticó a la administración de Rajoy por abaratar primero el despido, con su impugnada reforma laboral, y ahora expulsar del subsidio por desempleo a los mayores.
Con cada decreto ha incorporado alguna norma que merma las pensiones futuras y la protección social de los desocupados de más edad, denunció la representante de la principal fuerza de la oposición.
El portavoz de Empleo de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, calificó la normativa de inconstitucional, socialmente injusta y políticamente cínica e innecesaria.
A su juicio, el problema no radica en la cuentas de la Seguridad Social por el descenso del número de trabajadores cotizantes y el envejecimiento de la población, como sostiene el Palacio de la Moncloa (sede del poder central).
Para Coscubiela, el dilema radica en una economía asfixiada por una austeridad suicida y un mercado con menos empleo y más precario.
La de las pensiones es una de las grandes reformas estructurales exigidas por la Unión Europea y otros organismos internacionales al Gobierno español, artífice de un draconiano plan de recortes sociales para reducir el déficit público.