El Servicio de Contraloría Sanitaria ha desplegado un operativo a escala nacional para inspeccionar el funcionamiento de los centros estéticos y de salud. Una de las misiones es constatar que se cumpla con la prohibición de uso de biopolímeros en el cuerpo humano.
Yohan Ferreira, coordinador Nacional de Establecimientos de Salud, explicó que la campaña se ha intensificado debido a que aún – a pesar de la prohibición legal – se registran lugares y personas que realizan la peligrosa práctica estética.
“Lo hacen en cualquier cubículo. Lo que tenemos que hacer es denunciar. Podemos luchar contra esas personas que están causando daños. Tenemos los instrumentos para acabar con esto”, declaró ayer Ferreira.
INFORMACIÓN Y SANCIÓN
El funcionario indicó que la campaña tiene un propósito educativo y preventivo. No obstante, dejó en claro que en los centros que se confirme el uso de biopolímeros y otras sustancias prohibidas, se procederá al cierre y a la presentación del caso ante el Ministerio Público (MP).
“Eso es un delito”, enfatizó Ferreira. Advirtió que “los tramposos están para inventar cualquier cosa por dinero; hay ofertas engañosas y afectan la salud de la gente”.
INSPECCIÓN EN VARGAS
Ferreira ofreció las declaraciones durante una jornada de inspección que se realizó a los locales del Terminal – Centro Comercial de Catia la Mar. Indicó que se está prestando apoyo a las contralorías estadales “para que sean garantes ante el pueblo de que todos cumplan con las medidas médico sanitarias”.
En Catia la Mar, respondió, se encontraron observaciones menores, como la falta del cartel que informa sobre la resolución que prohíbe el uso de biopolímeros. La mayoría de los locales son peluquerías y centros de spa que no aplican tratamientos invasivos.
IRÁN A FARMACIAS Y LOCALES DE COMIDA
Andrés Martínez, coordinador de Contraloría Sanitaria en Vargas, anunció que las inspecciones se extenderán en las próximas semanas hacia las farmacias y los locales donde se expenden alimentos.
“En Vargas estamos evaluando el sistema para mejorar fallas propias y tenemos la mejor disposición para poder realmente dar el mejor servicio posible a la población usuaria”, declaró el funcionario.
Ratificó el cierre como medida de sanción en el caso de fallas graves e incumplimiento de normas. En situaciones menores, se prevén acuerdos con los dueños para que resuelvan la falta en un lapso de 24 horas “sin que se les impongan sanciones pecuniarias”.
Martínez expresó la confianza en la buena fe de los comerciantes varguenses: “Creemos que se va a responder de manera positiva hacia ese tipo de control”.