La ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, anunció el comienzo del plan Cambote II, dirigido a la recuperación de 10 centros penitenciarios.
Una de las acciones a tomar será la recuperación del área de máxima seguridad de El Dorado, con unos 15 millones de bolívares “que ya los tenemos”, subrayó.
La servidora pública recordó que el plan Cambote fue creado para “contrarrestar el problema de la infraestructura penitenciaria” y ofrecer “condiciones dignas de reclusión”.
Esto “supone incorporar a la población privada de libertad en la mano de obra, con los recursos del Estado, con la cooperación de la Caja de Trabajo Penitenciaria, con el apoyo del personal de administración y de recursos humanos del ministerio”.
El Cambote I permitió recuperar espacios en siete centros penitenciarios entre enero y julio de este año, explicó Varela.
Una de esas obras es la entrada de Yare III, que nunca fue inaugurada por el Gobierno Nacional. También, sectores de la Penitenciaría General de Venezuela, que han sido rehabilitados con la propia población penal, refirió.
Enumeró que hay varias áreas nuevas, como las que ya funcionan en el CPO II, además de un centro en Barcelona (Anzoátegui) y otros espacios que se ocuparon sin actos de inauguración porque, más que cortar una cinta, “nos interesa solucionar el problema de hacinamiento que hay”.
INTERESES SUBTERRÁNEOS
El Gobierno Nacional tiene responsabilidad en 14 estados del país, porque el resto está descentralizado, indicó Varela; en las otras entidades la responsabilidad es de las gobernadoras o los gobernadores.
La ministra garantizó que una de las misiones de su despacho es la recuperación de la infraestructura, pero “sistemáticamente se ha pretendido desconocer que el Gobierno Nacional ha venido realizando esfuerzos para generar nuevas estructuras y nuevos espacios de reclusión”.
Lamentó que se diga que en el país la capacidad de reclusión es de 14.500 personas porque esa es la cifra que maneja el dirigente opositor Humberto Prado, quien fue director de la cárcel de Yare y a quien destituyeron -según su versión- por hechos de violencia registrados en ese recinto.
Varela recalcó que Prado cometió un delito contra la vida, al igual que Gilbert Caro, y criticó que ambos sean “los voceros calificados de la oposición para hablar del tema penitenciario”.
La vocera afirmó que una persona que comete un delito “tiene derecho a reivindicarse”, pero resaltó que alguien que ha cometido homicidio no tiene moral para hablar de la violencia.
“Han estado por allí tratando de generar el problema en los recintos penitenciarios. Desde que se creó este ministerio han anunciado paralización de 20 penales del país, huelgas de hambre, huelga de sangre. ¿Quién lo dice? ¿A quién le interesa generar un conflicto en los recintos penitenciarios?”, preguntó. Y se respondió: “Estos personajes a quienes no les importa, a quienes 20 vidas no les importan”.
Esos sujetos, incluso, les habrían ofrecido dinero a las privadas y los privados de libertad para que actúen, denunció.
La servidora pública admitió que hay problemas en el sector penitenciario, “pero no en la gravedad ni en la magnitud que estos personajes, que no tienen moral para hacerlo, quieren presentarlo ante el país”.