El gobierno de Barack Obama introducirá una demanda contra la polémica ley anticongelantes del estado de Arizona, ubicado al suroeste de Estados Unidos, dijo ayer la secretaria de Estado, Hillary Clinton.
«El presidente Obama ha sentado posición contra la ley porque piensa que es el gobierno federal el que debería determinar la política migratoria», indicó Clinton en una entrevista a una televisora ecuatoriana hace diez días.
«Y el Departamento de Justicia, bajo su dirección, introducirá una demanda contra la ley«, dijo Clinton en la entrevista, que pasó desapercibida hasta que una organización de defensa de las libertades civiles la distribuyó en video.
Obama había calificado de «errónea» la ley de Arizona, que entra en vigencia el 29 de julio, y que convierte la inmigración ilegal en un delito en ese estado fronterizo con México, donde la policía tendrá la obligación de pedir papeles a toda persona bajo la «duda razonable» de que sea un indocumentado.
El presidente había encomendado al Departamento de Justicia estudiar su eventual impugnación judicial.
Este viernes, al ser consultado sobre las palabras de Clinton, un alto funcionario del Departamento de Estado, que solicitó el anonimato, dijo a la prensa: «Ella no dijo eso por error».
Un portavoz del Departamento, Mark Toner, expresó por su parte a periodistas: «Las palabras de la secretaria hablan por sí solas. Refiero al Departamento de Justicia para conocer cuáles serán los próximos pasos legales al respecto».
La mayoría de los estadounidenses apoya la aprobación de la ley de Arizona, según distintos sondeos, aunque organizaciones a favor de una reforma migratoria en Estados Unidos, defendida por Obama, destacan que los sondeos también indican una tendencia favorable a esa reforma.
En Estados Unidos viven unos 11 millones de indocumentados, dos tercios de los cuales son hispanos.
PIDEN LIBERACIÓN DE “CONTRATISTA”
Por otra parte, Estados Unidos reiteró este viernes a la República de Cuba su pedido de que sea liberado inmediatamente un supuesto contratista detenido en la isla, durante una ronda de diálogo migratorio que sostuvieron ambos países en Washington, informó el Departamento de Estado.
Durante esta ronda, la tercera desde que se retomó el diálogo el año pasado, «la delegación estadounidense elevó por separado el caso de Alan Gross, el ciudadano estadounidense detenido en Cuba desde el 4 de diciembre de 2009 y llamó a su liberación inmediata«, indicó un comunicado.
Gross, de 60 años, fue detenido cuando se encontraba en Cuba proporcionando celulares y computadoras portátiles a grupos judíos, empleado por una empresa subcontratada por el Departamento de Estado.
El gobierno cubano asegura que Gross cometió delitos graves al servicio de la «política subversiva» de Estados Unidos y que su investigación continúa.