El Gobierno de la República Islámica de Pakistán expresó este martes su total confianza al primer ministro, Yousuf Raza Gilani, a quien la Corte Suprema enjuiciará por desacato por negarse a reabrir casos de corrupción contra el presidente Asif Ali Zardari.
«El gabinete aplaudió unánimemente la actuación del primer ministro ante la Corte Suprema y depositó plena confianza en su liderazgo«, señaló en un comunicado la oficina del jefe de Gobierno.
Gilani, según la nota, agradeció el gesto y destacó que si él ocupa ese cargo es gracias al apoyo de los miembros del Parlamento, de sus colegas del gabinete y de las formaciones políticas aliadas al gobernante Partido Popular de Pakistán.
El lunes, la Corte Suprema determinó enjuiciar a Gilani por haber «ignorado y desobedecido deliberadamente» las órdenes de reabrir casos por presunto lavado de dinero cursados hace casi 10 años en Suiza contra Zardari.
El fiscal general deberá procesar el caso y entregar la documentación correspondiente cuando más tarde el próximo jueves , para que a su vez la Corte Suprema pueda estudiarla hasta el miércoles 22. La defensa, entretanto, tiene de plazo hasta el 27 para presentar sus documentos y una lista de testigos.
Los abogados de Gilani, no necesariamente en su presencia, podrán realizar su alegato de deposición el 28, tres días antes de celebrarse las elecciones al Senado, en las cuales el Partido Popular de Pakistán debe de ganar la inmensa mayoría de los curules.
El juicio, último episodio de un enfrentamiento de larga data entre los poderes Ejecutivo y Judicial, pudiera enturbiar aún más la situación política en el país, también testigo de una agria disputa entre las autoridades civiles y militares, y atrapado en una interminable guerra contra grupos armados.
Gilani, de paso, se convertirá en el primer jefe de Gobierno en la historia del país en ser enjuiciado por desacato.
De ser hallado culpable, quedará automáticamente descalificado como primer ministro y como miembro del Parlamento. Penalmente, además, podría ser condenado a seis meses de prisión e inhabilitado para ocupar cargos públicos durante cinco años.