Una de las expresiones más evidentes de la guerra económica que enfrenta Venezuela es el desabastecimiento. Largas colas y anaqueles vacíos en muchos establecimientos comerciales a lo largo y ancho del país es el peaje que obliga a pagar, a cada venezolana y venezolano con independencia de su afinidad política, la enésima intentona de la derecha golpista de derrocar al Gobierno Bolivariano, legítimamente constituido y refrendado por el pueblo en todas las consultas electorales desde el año 1998.
Claro que nada nuevo hay bajo el sol. La estrategia de quebrar las cadenas de distribución de bienes y servicios con el propósito de contribuir a generar un estado de aparente ingobernabilidad, fue ensayada con éxito en el Chile de Salvador Allende meses antes del golpe de septiembre de 1973. Ya nadie desconoce sus consecuencias. Diez años antes, de la treintena de tareas que conformaba la Operación Mangosta, desarrollada entre 1961 y 1963 por la CIA y otras agencias de Estados Unidos para poner fin a la Revolución Cubana, la mitad se correspondía con tácticas de guerra económica. Aunque ninguna de ellas fue finalmente aprobada, sí lo fue en cambio un programa de operaciones de sabotaje contra cuatro segmentos clave de la economía cubana, como eran y son la energía eléctrica, las instalaciones de refino y almacenaje de petróleo, la infraestructura ferroviaria, y la producción y manufactura.
En la III Cumbre de la Celac que se desarrolló los días 28 y 29 del pasado mes de enero en San José de Costa Rica, se debatió, entre otros muchos asuntos que conciernen al bloque de integración latinoamericana y caribeña, sobre la soberanía alimentaria y la erradicación del hambre y la pobreza. En íntima relación con estos temas, se discutió también sobre agricultura familiar.
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a elegir su propio sistema alimentario y productivo, y a disponer del acceso a los alimentos libre de la injerencia de los mercados y de los intereses de las grandes corporaciones del sector. Materializar ese derecho supone situar en el centro de las políticas alimentarias a las productoras y los productores locales, a las consumidoras y los consumidores, y priorizar la agricultura familiar, el pastoreo tradicional y la pesca artesanal, frente al vigente modelo agroindustrial globalizado.
En Venezuela cualquier esfuerzo en ese sentido chocará frontalmente con las acciones de sabotaje en el contexto de la actual guerra económica.