Vivimos tiempos difíciles y como en el pasado algunos pretenden hacer de ellos el caldo de cultivo para los peores sentimientos. Para lograrlo hay que simplificar los escenarios y una de las fórmulas mas efectivas es la simplificación y la generalización sobre los problemas, las causas y las consecuencias. La crisis económica, por ejemplo, es un hecho reconocido por las fuerzas políticas nacionales y el Gobierno, sentida por cada persona que depende de un ingreso en moneda nacional pero ¿cuál es la causa? ¿Podemos creer que existe un solo factor, un juego controlado desde una silla? O, ¿es una consecuencia de la estructura económica nacional e internacional, presente e histórica, manipulable a placer, por su forma oligopólica y rentista?
Pasar a pensar en esto requiere mucho tiempo y experticia: la voz de la señora que contará su infancia, el gráfico del economista y, claro, la lectura de los politólogos, sociólogos, etc., pero al lado de ella es terriblemente peligroso el traslado de todas las culpas al Gobierno. Aquello, porque es la ruptura de una norma constitucional y un anhelo patrio: el derecho a la existencia de todos los sujetos, miembros de la Administración o no. Existir, como quien vota y quien hace; como quien responde de igual manera ante la comunidad y ante la ley: con palabra, hechos y pruebas.
Peligroso porque las mismas fórmulas se aplican al construir ligeras acusaciones que indican la corrupción de todos los sujetos que adhieren una idea, o, el carácter fascista de todos los que están en desacuerdo con un modelo. Porque ambas son mentiras, fracturan la convivencia y conducen a la violencia.
Cada persona, en su ser político, al que no puede renunciar nunca porque apartarse es también una decisión política, tiene el derecho y la comunidad, el deber, de valorarse individualmente así como cada uno de los programas económicos, ecológicos y sociales. De lo contrario, estaremos sin duda rozando los peores escenarios, con los que algunos se dieron –o se dan- el derecho de destruir culturas y pueblos: por el libertinaje de los gitanos, por el fanatismo religioso de los musulmanes y tantos etcéteras.
La acusación genérica de corrupción, entendida ahora como todos la conocemos, el abuso del poder, el beneficio económico particular, forma parte de las imputaciones generales que encuadran en el manual para justificar un cambio de un gobierno que sale de la lógica de la alineación, y, con ella se pone la lupa a sujetos de menor rango para acusar mayores; a mayores para acusar menores; a colaterales para manchar instituciones. Con ella, se estigmatizan pueblos enteros, acusando por lo pequeño y tapando, el primer mundo y los paraísos fiscales, los testaferros, las mafias, las ventas de armas…
Generalizando desde adentro a todos los funcionarios, a todos los Consejos Comunales, a todas las organizaciones de base para criminalizarlas y generalizando desde afuera tanto a Venezuela como a Corea o a Siria, redoblan los tambores de los que anhelan ver correr la sangre de los hijos de los otros.