Para conmemorar la fecha del 11 de abril, la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela realizó un conversatorio con el analista Daniel Hernández, y el defensor de derechos humanos, el colombiano Eduardo Calcaño, en el auditorio de su sede principal en Caracas.
Previo a las intervenciones, se proyectaron dos videos, uno con el testimonio del fotógrafo venezolano Jorge Recio, herido gravemente el 11 de abril de 2002, dirigido por José Carlos Gómez y Juan Carlos Yegres. Y el cortometraje Mira, de Humana Cooperativa, una historia de ficción basada en los hechos reales de ese día, específicamente, sobre la participación de francotiradores apostados en edificios cercanos a Puente Llaguno.
Daniel Hernández fue el encargado de iniciar el conversatorio, para plantear que durante nueve años hemos repetido “ritualmente casi que el mismo guión: el golpe, el papel de los medios, la injerencia imperialista, el asalto a la embajada cubana, la salida del aire de Venezolana de Televisión, etcétera”, sin embargo está presente en su opinión “un problema muy grave”, y es que “muchos de quienes encabezaron ese golpe, muchos de los responsables de esa situación, terminaron siendo diputados, alcaldes y gobernadores”.
“En términos de la aceptación popular, por lo menos considerada electoralmente, muchos de los sectores que fueron víctimas, ahora se han deslizado hacia sus verdugos históricos más sangrientos”, dijo. Hernández llamó a “sacar las lecciones para saber cómo enfrentar el problema”, que considera crucial para el futuro del proyecto revolucionario.
Señaló que desde 1998 a 2006 se observó que el “movimiento popular y la Revolución Bolivariana, dieron un salto adelante”. El cierre del ciclo fue la “victoria decisiva” de la reelección presidencial, pero a partir de allí, apuntó el exdiputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, “tenemos una situación de retroceso”.
Entre otros factores que explicarían la pérdida de terreno electoral estaría el surgimiento de una casta de “funcionarios que enclaustrados en el nuevo Estado, apoyándose en su poder financiero, en el discurso revolucionario, y en las circunstancias históricas, fueron posicionándose como nueva élite”, lo que ha tenido “repercusiones negativas en el propio Estado”.
Aseguró que el Estado “está fragmentado entre diversos grupos de poder”, y a la vez el partido “que ha crecido al amparo de ese Estado”, “obviamente también aparece fragmentado”. Criticó a funcionarias y funcionarios elegidos con voto popular que luego de asumir su cargo, “no son ni de Chávez, ni del pueblo, ni siquiera del partido”. Dijo que la “confrontación en Revolución”, es un “monstruo de mil cabezas que está acabando con nuestro proceso”.
Advirtió que aunque el presidente Hugo Chávez ganará las elecciones de 2012, existe un riesgo de “perder buen número de gobernaciones y alcaldías, que es tanto como perder las ciudades principales del país”. “Eso significa una enorme dificultad de gobernabilidad, y la posibilidad de que nos desplacemos a una guerra civil”.
REVISAR LOS FALLOS
Eduardo Calcaño, quien lleva tres décadas trabajando con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia, inició su intervención con una reflexión acerca del derecho, el que aprendió de sus “maestros los trabajadores”. “El derecho es creado por el que tiene el poder y responde a sus intereses”, “si hay conflicto de intereses” nombra a sus jueces, tiene sus cárceles, y “si hay necesidad tienen la Fuerza Armada”.
Agregó que se suma que el poder “organiza los aparatos de administración y organización de las estructuras y ese aparato también responde a sus intereses”, pero es ese escenario, que sirve a intereses específicos, con el que hay que trabajar.
Planteó que existen “empresas criminales organizadas por las élites del poder nacional y las transnacionales o los representantes de los estados extranjeros”. Entre los factores que convergen en estas “empresas criminales” se “asignan los papeles para la ejecución del crimen”. Analizó los diferentes actores del 11 de abril de 2002: las cúpulas sindicalistas, los empresarios, la iglesia, los medios de comunicación y el sector militar.
En esta puesta en escena el último el actuar fue “el aparato de administración de justicia” que dictaminó que no hubo golpe de Estado si no un vacío de poder. La lógica de ese aparato es “condenar al que defiende al pueblo, y hay que absolver a los francotiradores y a quienes organizaron la empresa criminal”, acotó.
En su opinión, el pueblo venezolano debe intentar un proceso de revisión de esos fallos, de lo contrario, los victimarios siguen contando la historia y apareciendo como los “benefactores” del pueblo. A la vez, el Estado venezolano se expone a perder las causas abiertas en instancias internacionales, por quienes ahora se presentan “como los perseguidos o presos políticos”.