La emergencia eléctrica obligó al Gobierno a reducir el horario en la Administración Pública, flexibilizándolo a medida que sube la cota en el Guri, principal generador de energía eléctrica.
En otras notas hemos comentado las experiencias del horario corrido y escalonado en las grandes ciudades. Esta modalidad consiste en organizar las jornadas de trabajo en distintos sectores laborales y educativos, con horarios continuos que comienzan a distintas horas. Por ejemplo, la Administración Pública, sector bancario y seguros, de 8.30 a.m. a 3.30 p.m. y las industrias, manufacturas, actividades educativas, de 7 a.m. a 3 p.m.
Se ha comprobado que la eficiencia no se debe al horario extendido, sino a la capacidad de generar productividad en menor tiempo, gracias a la tecnología y al esfuerzo de las trabajadoras y los trabajadores.
Los horarios reducidos permiten que el tiempo libre sea utilizado para el estudio, atención familiar, recreación y otras actividades de la vida cotidiana. Influye de manera positiva en la circulación de los vehículos automotores, reduciendo las colas y “cuellos de botella” en la ciudad. Mejora la salud de las y los trabajadores, minimizando la presión laboral (estrés) y los efectos nocivos en el ambiente de trabajo.
Cada uno de esos puntos puede analizarse por separado. Veamos el impacto en el ahorro de electricidad por menor consumo en oficinas oficiales, uso de computadoras, teléfonos y otros aparatos electrónicos, menos gasto de agua, papel y otras actividades.
La propuesta es sencilla: en el mes de agosto aplicar el horario corrido en la Administración Pública. Nombrar un equipo técnico para evaluar su eficacia y concertar cambios en otros sectores productivos y educativos.