Miembros del movimiento Ocupar Wall Street (OWS) en Rockford, estado Illinois, protestarán este viernes como parte del Día Nacional de Acción contra la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para 2012 en Estados Unidos.
La manifestación comenzará en una céntrica zona de la urbe, reportó el diario The Rock River Times.
El último día de 2011, el presidente Barack Obama rubricó la legislación que asigna unos 662 mil millones de dólares dirigidos al sector defensivo.
La ley consolida dos polémicos principios de la llamada guerra global contra el terrorismo: la detención indefinida de sospechosos de terrorismo sin presentar cargos y el encarcelamiento de ciudadanos estadounidenses sin someterlos a un proceso.
Tal iniciativa permite, asimismo, que los casos relacionados con el terrorismo salgan de la competencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del sistema judicial civil, y lleguen a manos de los militares.
Creo que la ley resulta inconstitucional, pues viola la cláusula de derecho a un debido proceso sancionado por la Constitución, aseveró Kim Macloskey, un abogado residente en Rockford.
Grupos de defensa de los derechos civiles critican la medida, al tiempo que desconfían del anuncio del mandatario, quien aseguró en un comunicado poco después de firmar la ley que su gobierno no permitiría a los militares detener a un estadounidense por tiempo indefinido.
Incluso si el gobernante demócrata se abstiene de abusar de la ley, ello no garantiza que los futuros presidentes se opongan al encarcelamiento de ciudadanos nacionales por un periodo impreciso y sin juicio, comentó la publicación All Gov.com.
La gente está preocupada de que cualquier incidente abra las puertas a las disposiciones del proyecto. No quisiera ver a los soldados en las calles fungiendo como policías, alertó Gillian Zekos, un activista local.
La acción de Obama constituye una mancha en su legado, porque siempre será conocido como el presidente que firmó la detención indefinida de personas sin cargos ni juicio, reprochó semanas atrás Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Esta medida supone un ataque enorme al país y su patrimonio, así como «un paso significativo hacia el fascismo», calificó David Gespass, presidente de la Asociación Nacional de Abogados.
El uso de la detención indefinida de personas inició poco después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono, en Nueva York y Washington, respectivamente.