Este domingo fue divulgada una investigación independiente que desmiente la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ocurrido hace casi un año en Iguala, estado de Gerrero.
Un despacho de la BBC detalla que el informe de 550 páginas, realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a petición del gobierno mexicano, dio cuenta de las inconsistencias de la supuesta «verdad histórica» del caso.
Hechos no investigados, evidencias destruidas y errores cometidos, como la descoordinada participación de más de 52 fiscales al mismo tiempo, son sólo parte de las conclusiones del grupo de investigadores que tras seis meses de trabajo determinaron que no hubo voluntad para localizar a los jóvenes.
La fiscalía mexicana dijo que los estudiantes habían sido detenidos por policías de Iguala y Cocula, y posteriormente entregados a sicarios de Guerreros Unidos, una escisión del cartel de los hermanos Beltrán Leyva, quienes los habrían llevado al basurero de Cocula, donde asesinaron a los jóvenes y luego improvisaron una pira para quemar los cuerpos que ardió por más de 12 horas con combustibles, llantas, madera y basura. Pero las recientes investigaciones dicen que no fue así.
Las razones son varias. En primera instancia, no existen evidencias de que un fuego de tal magnitud se haya registrado en un basurero. De hecho, de acuerdo a las conclusiones de los expertos tras el peritaje a la zona, en los alrededores del supuesto lugar de cremación no había combustible suficiente para tal fin.
Según el experto peruano, José Torero, de la Universidad de Queensland (Australia) y miembro de la Academia Australiana de Tecnología e Ingeniería, los peritajes de la PGR no se basaron en la evidencia material, y sus conclusiones son erróneas.
Por otra parte, el grupo de investigadores determinó que persistían las dudas sobre el número de autobuses que se utilizó para trasladar a los estudiantes, puesto que en el expediente oficial se dice que fueron cuatro, pero los testimonios de las víctimas hablan de un quinto que, en efecto existió.
El bus fue tomado son permiso por los estudiantes en las afueras de Iguala. El chofer de la unidad los llevó a la estación central, donde los dejó encerrados luego de bajar de la unidad. Los jóvenes pidieron ayuda a sus compañeros y fueron rescatados, detalla BBC.
El autobús, perteneciente a la empresa Costa Line, fue incluido en el expediente al principio de la investigación pero olvidado posteriormente. Esa «omisión» resulta clave en vista de que el GIEI obtuvo información de que en Iguala opera una red de tráfico de heroína hacia Estados Unidos, que mueve sus cargamentos en autobuses comerciales.
Los estudiantes tomaron tres unidades de la central camionera la noche del 26 de septiembre y las agresiones en su contra al parecer tenían la intención de impedir que las unidades abandonaran la ciudad, destaca BBC.
«El negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque», establece el informe.
Cuando el GIEI solicitó a la empresa transportista revisar esa unidad, la compañía presentó un autobús distinto. Las autoridades mexicanas no realizaron investigaciones sobre ese bus en particular ni averiguaron si existe relación entre las compañías de transporte que operan en Iguala, con las relacionadas en Estados Unidos con el trasiego de heroína.
El reporte destaca además que en las horas previas a su desaparición, los estudiantes sufrieron ataques coordinados por parte de la policía de dos municipalidades, lo que permite inferir el posible mando central de una persona aún desconocida con la anuencia de agentes militares y federales.
El informe fue presentado ante familiares de los estudiantes desaparecidos y diversos invitados, incluidas autoridades federales: «¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!», «¡Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos!», gritaron, reseña un despacho de El Informador de México.
El grupo de investigadores, que sugirió a las autoridades mexicanas replantear sus hipótesis, está conformado por Carlos Beristáin, experto en atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos; Ángela Buitrago, exfiscal ante la Corte Suprema de Justicia y experta en desapariciones, corrupción y asesinatos políticos; Francisco Cox Vial, abogado chileno que trabajó en apoyo de la extradición de Augusto Pinochet a España; Claudia Paz y Paz, abogada, especializada en derecho penal, jueza durante 18 años, responsable del primer juicio al exmandatario Efraín Ríos Montt y Alejandro Valencia Villa, consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.